La picaresca española a día de hoy es un tópico, pero nació como subgénero literario en el Siglo de Oro para, entre otros motivos, criticar la degradación de las instituciones españolas de la época. Esa picaresca se ha trasladado hoy en día a la economía, en concreto a la evasión de impuestos, como también a otros casos aún más graves, como estar trabajando sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Si contabilizamos todo este tipo de fraudes, los estudios sitúan que España deja de ingresar entre un 15% y un 20% de su PIB anual.
Estos datos, que tienen como contexto el año 2021, visualizan que la media de economía sumergida de la UE es alrededor del 14%, por lo que España está por encima en este índice, aunque cabe resaltar la dificultad que entraña que estos datos sean completamente exactos, ya que intentan registrar actividades que precisamente escapan de la legalidad.
La economía 'reflotada'
Sin embargo, con la llegada de la pandemia y el confinamiento, muchos de estos trabajos ocultos se vieron desprotegidos ante la imposibilidad de obtener ingresos mediante su trabajo, o bien por los Ertes que hubo en esas fechas.
Ante esta situación, y vistos los datos del repunte inicial tan fuerte que tuvo la economía española (aunque posteriormente ha sido de la últimas en llegar a niveles prepandemia), muchos expertos aseguraron que el reflote de la economía sumergida en esas fechas supuso un aumento de la recaudación, además del ya conocido efecto inflación en los ingresos estatales. Este reflote, aun así, solo ha servido para que España haya crecido un 0,4% desde 2019, y las previsiones de la OCDE auguran que el país aumente su PIB un 0,7% en cuatro años, el quinto peor dato de los 38 países que conforma el organismo internacional.
De esta manera se puede explicar que los ingresos que los trabajadores antes recibían en sobre han pasado a estar registrados por las autoridades. Y es que el porcentaje de aquellos que cobran su sueldo (o parte de él) en B ha descendido hasta el 11% en 2023, un punto menos que hace dos años, y tres menos que en 2020, según los informes de la plataforma de empleo Infojobs que aborda este tema.
En cambio, en este año volvemos a observar una tendencia al alza: hay más personas que están dispuestas a cobrar en negro. En concreto, este número se ha incrementado de un 22% a un 28% en el plazo de dos años. Si nos adentramos en ese porcentaje de personas dispuestas a cobrar en B, un 19% lo haría si fuera parcialmente, mientras que el 9% restante estaría conforme con que todo su salario fuera en negro, cifra que ha aumentado un 4% respecto a 2021.
El motivo principal por el que hay más personas dispuestas a recibir parte de sus ingresos de forma no regulada ha cambiado respecto a 2021. Hace dos años, la mitad de los encuestados achacaban a que era la empresa la que "les obligaba" a recibir su salario (entera o parcialmente) en B. Sin embargo, en 2023 las tornas han cambiado, y esta opción ha pasado a ser la segunda (37%), dando paso a la necesidad económica de completar el sueldo, que ha subido de un 29% a un 38% en dos años.
La pandemia y la posterior inflación acumulada, que ha causado que productos básicos como los alimentos o el aceite estén hasta un 84% más caros que en la campaña pasada, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha hecho que los españoles sean más pobres que antes. En concreto, el salario medio en España perdió un 4% de poder adquisitivo en 2022, y si lo comparamos con el 2008, los españoles han perdido un 7% de poder de compra desde entonces. En relación con países de nuestro entorno, el PIB per cápita español es un 15% inferior a la media de la UE, una brecha que hace 20 años era tan solo del 2,3%.
Los jóvenes, los más dispuestos
Los jóvenes es el perfil más común de salarios en B en el mercado laboral español. Una cifra (33%) que ha aumentado significativamente desde el anterior estudio de 2021 (25%). Además, ellos son los que muestran una mayor conformidad con un salario en negro (51%), dato que se suaviza con el paso de los años debido a la necesidad de cotizar para en un futuro recibir una pensión.
Las mujeres son el otro grupo perjudicado, en muchas ocasiones por el tipo de trabajo y su informalidad (cuidadoras, limpiadoras). Pero las razones principales en las que el salario se paga en B son por los trabajos por horas, y sobre todo, por las horas extra, que se pagan a un precio más alto.
Casi uno de cada seis trabajadores ha sido pluriempleado
Actualmente, España es el segundo país de la la zona euro, después de Grecia, por tasa de trabajadores en riesgo de pobreza o exclusión social, un 15,7%. Esto indica que ni si quiera el tener un empleo garantiza que su salario sea suficiente como para vivir dignamente. Es por ello que muchas personas están buscando una alternativa a la pérdida de poder adquisitivo, como es otra ocupación.
En España, uno de cada seis trabajadores ha sido pluriempleado en el último año o lo sigue siendo a día de hoy, según ofreció el análisis de Infojobs. Si observamos los datos más a fondo, este segundo trimestre de 2023 se ha registrado el máximo histórico de ocupados con un empleo secundario, con más de medio millón de personas (588.000 personas).
Entre estos casi 600.000 trabajadores, un 30% de ellos ha cobrado en B en los últimos 12 meses. Esta diferencia es sustentablemente alta frente a aquellos que solo tienen un empleo, ya que tan solo el 6% declara haber tenido ingresos en negro. Una vez más, se conforma así una estrecha relación entre pluriempleo y precariedad laboral, sobre todo porque a aquellos que poseen más de un empleo, la principal razón de obtener ingresos en B no es por necesidad de complementar un sueldo (38%), sino que la empresa solo les da esa opción (44%).
En este sentido, la directora de comunicación y estudios de Infojobs, Mónica Pérez, afirma que "hay que evitar que el pluriempleo se convierta en una necesidad", pero también reclama que "se debe invertir en el desarrollo de políticas públicas para ello".
Sin embargo, parece que Trabajo tiene otros planes, y tiene a los inspectores, figura clave para evitar estas situaciones de irregularidades en el empleo, contra las cuerdas. Los datos reflejan que la plantilla de inspectores está desbordada: en España hay un inspector cada 15.000 trabajadores, mientras que en Francia o Italia tienen uno por cada 5.000. Esto los ha llevado a la huelga en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, sin llegar, de momento, a solucionar esta situación.