Los principales patronales se conjuran para pedir al próximo Gobierno que resulte del 23-J una rebaja de la presión fiscal para los empresarios. La última en hacerlo fue Cepyme, que el pasado miércoles insistió en que "es imposible que España crezca y sea competitiva, si es su propio gobierno el que ataca a las empresas, ejecuta políticas intervencionistas, implanta una fiscalidad confiscatoria o limita la misma libertad empresarial", dijo su presidente Gerardo Cuerva.
La lluvia de peticiones dirigidas a las principales sedes de los partidos políticos no ha cesado durante los últimos días. Todas las asociaciones empresarial consideran prioritario reducir la presión impositiva sobre las empresas a través de una reforma del impuesto de Sociedades. CEOE demanda eliminar las limitaciones que el impuesto establece sobre la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros. Un punto en el que coincide con la catalana -'Foment del Treball'- que reclama que el tributo no compute los beneficios no distributivos o reinvertidos, para incentivar que las empresas destinen sus ganancias a mejorar su productividad. El consenso se extiende a otros gravámenes como el de Patrimonio y grandes fortunas, para los que las principales asociaciones de empresarios piden su eliminación inmediata.
El guante fue recogido parcialmente por el equipo que desarrolló el programa con el que el popular, Núñez Feijóo, se presenta a las urnas. El PP tan solo promete tumbar el impuesto a las grandes fortunas, pero no aclara que cambios hará sobre Patrimonio dentro de la reforma fiscal que pretende acometer si alcanza el Ejecutivo. Tan solo se refiere a este tributo en el apartado de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas "devolveremos las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación", apunta.
Mejor suerte corrió la petición sobre el impuesto de Sociedades. Génova incluyó la demanda en su hoja de ruta presentada el pasado martes en Madrid. "Corregiremos las actuales limitaciones del impuesto de sociedades, con el objetivo de optimizar la gestión tributaria y simplificar reglas que obstaculizan el desarrollo de las empresas", explica el catálogo electoral del PP. En el lado opuesto, Sumar, elevará la presión de la tasa sobre las empresas. Promete acabar con las bonificaciones y exenciones para obligar a todas las compañías a tributar por encima del 15%.
El final de los 'impuestazos'
Las patronales de la banca y las compañías energéticas llevan pidiendo la retirada de los impuestos que gravan sus ingresos extraordinarios desde su anuncio; es más, todas ellas han llevado estos dos tributos ante los tribunales. Una acción de la que se descolgó el Partido Popular, que no ha dejado de modificar su posición sobre que hará con ellos si llega a La Moncloa.
En un inicio, el equipo económico popular afirmó que esperaría al fallo definitivo del Tribunal Supremo para tomar una decisión sobre la vigencia de los impuestos; sin embargo, en una entrevista concedida recientemente al medio británico 'Financial Times', el candidato popular descartó comprometerse a eliminarlos y se limitó a afirmar que los "modificaría". Yolanda Díaz se compromete - por su parte- a mantenerlas tasas, que dejarán de ser temporales si gana.
No es la única propuesta fiscal que se acumula en los despachos de los candidatos a la Moncloa. El sector turístico -determinante en la marcha de la economía- reclama una equiparación del IVA reducido para actividades como el golf o el alquiler de coches. Tampoco el PPrecoge ninguna rebaja de impuestos para estas empresas en caso de obtener el favor de los españoles el próximo 23 de junio.
Por su parte, 'Foment' fue más quirúrgico en el catálogo de 371 propuestas remitidas a los candidatos. La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre solicita que sea la Seguridad Social, y no las empresas, la que se haga cargo del pago de la prestación por incapacidad temporal de los empleados de baja entre el cuarto y el decimoquinto día. Según su director de estudios y economía, Salvador Guillermo, el Gobierno "ha transferido compromisos del sistema público al privado", lamentó durante la presentación de las medidas.
En el plano laboral, la propuesta más contovertida nació desde la sede del Círculo de Empresarios, plantean bajar la indemnización por despido de los contratos indefinidos de 33 días actuales, a 20 días. También proponen alargar la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años. "Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión", explicó su presidente, Manuel Pérez-Sala, que ya anticipó este planteamiento hace meses en un acto celebrado en Madrid.