
El Ministerio de Transición Ecológica aprueba un endurecimiento de las condiciones de los proyectos de renovables para obtener una Declaración de Impacto Ambiental. Con ello, cumple con las peticiones de la Unión Europea, que ya había alertado de deficiencias en este aspecto. Pero llama la atención que el Gobierno dificulte ahora el análisis ambiental tras haber tramitado ya cerca de 60.000 MW de nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas a las que no afectará la modificación.
Todo apunta, por tanto, a que tras haber impulsado la transición energética en tiempo récord, el Gobierno frena ahora las inversiones y aprieta las tuercas a unos desarrollos que deberá gestionar el Ejecutivo que se forme tras las generales del próximo mes de julio.