El envío de la adenda puso en marcha el pasado miércoles los plazos el reloj para el aterrizaje de 85.000 millones de euros en créditos a España. Calviño optó por afianzar la financiación europea, sorteando el vacío ejecutivo que las elecciones del 23-J dejarán a su paso. El documento -que debe contar con el aval de Bruselas antes de los dos próximos meses- comprometen la acción política del Ejecutivo que resulte de las urnas, sin embargo -y en caso de que se produzca un cambio de color en la Moncloa- la Comisión Europea será flexible con los tiempos, pero estudiará con lupa los posibles cambios estructurales que introduzca un hipotético Gobierno liderado por Núñez Feijóo. El popular se ha mostrado especialmente crítico durante los últimos meses con la estrategia que Sánchez plasmó en parte del Plan de Recuperación acordado con von der Leyen, por lo que se presume que -si cuenta con los apoyos necesarios- introducirá varias modificaciones al anexo que descansa en los despachos comunitarios desde el pasado 7 de junio.
Sin embargo, el peligroso precedente italiano juega en contra del candidato del Partido Popular. El cambio de Gobierno en Italia, tras la dimisión de Mario Draghi y el ascenso -en octubre de 2022- de Giorgia Meloni, ha terminado por dinamitar la llegada de los fondos europeos a Roma. La Comisión Europea anunció hace unos meses que congelaba el desembolso del tercer pago de 19.000 millones correspondientes a los Next Generation. El motivo no fue otro que el giro de guion que la nueva primera ministra decidió acometer sobre el rumbo que Draghi trazó en el Plan de Recuperación comprometido con Bruselas.
La situación fue muy similar a la que se podría producir en España en caso de una victoria de Feijóo. Meloni envió a finales de diciembre la solicitud para hacerse con la tercera hornada de créditos que le corresponden al país. En el documento, la italiana introdujo un buen número de cambios en los hitos y objetivos que Italia debe cumplir para seguir recibiendo fondos.
Bruselas obligó a Meloni a asumir el plan de Draghi
Tras la recepción del texto y agotados los dos meses de evaluación, Bruselas se negó a dar el aval al plan de Meloni, e inició un profundo examen que terminó con un suspenso y la obligación de acatar el plan de Draghi, que Meloni tuvo que asumir a regañadientes para poder desatascar la recepción de los créditos.
Por el camino, la primera ministra italiana repartió culpas y acusó al expresidente del BCE de no haber cumplido a tiempo un puñado de reformas comprometidas bajo su mandato. Lo cierto, es que la Comisión Europea paralizó el tercer desembolso por las dudas que le generó la propuesta de Meloni y el profundo cambio de estrategia planteado, que suponía una enmienda al texto pactado por Draghi y von der Leyen.
Lo sucedido dejó al descubierto que los nuevos gobiernos que salgan de las urnas en los Estados miembros -como podría pasar en España- tendrán difícil convencer a la Comisión Europea de cambios sustanciales en los planes pactados con anterioridad. Feijóo lo podría tener especialmente complicado dado que su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, denunció en febrero que los de von der Leyen han sido "muy condescendiente con España" dijo con respecto a la acción del presidente Pedro Sánchez. En concreto, Bravo acusó al jefe del Ejecutivo de no estar cumpliendo los hitos comprometidos, dejando en entredicho la supervisión comunitaria.
