Madrid
El adelanto electoral aplicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la puerta al análisis de los riesgos y necesidades que, el Ejecutivo que salga de los comicios del 23 de julio, tendrán que paliarse para subsanar los problemas existentes en la actualidad. Desde el Consejo Editorial de elEconomista, un grupo de expertos económicos de primer nivel, piden al próximo Gobierno un plan de consolidación fiscal creíble que sitúe el déficit en el 3%, condición sine qua non para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
Para el economista Salvador Marín es necesario afrontar un conjunto de reformas "consensuadas" en fiscalidad. "Necesitamos una reforma fiscal ambiciosa y definitiva, acorde con el siglo XXI y los nuevos empleos y el futuro económico. Es decir, Un nuevo modelo simplificado basado en pocos impuestos, con menores tipos medios y sencillos en su aplicación y gestión, es la base del camino a seguir con el objetivo último de ensanchar las bases imponibles y mejorar la calidad del gasto público".
En esta misma línea habla Javier Santacruz (economista), que ve imprescindible "rehacer" la política fiscal, eliminando "los nuevos impuestos creados en los últimos años", así como adaptar otros a la inflación y racionalizar "todas las políticas de ayudas, subvenciones y transferencias que han provocado una subida del gasto mayor que el crecimiento de los ingresos".
Por su parte, Fernando Acedo-Rico (registrador de la propiedad y mercantil) cree que la primera medida a tomar por el nuevo equipo de gobierno debería ser la de bajar del IRPF, equiparando éste al Impuesto de Sociedades. "No puede entenderse que la renta de las personas físicas esté tan penalizada en comparación al IS, que grava a millones de empresas con gran capacidad económica", explica.
La política fiscal y económica aplicadas durante esta legislatura "ha dejado una situación preocupante", cuenta Miguel A. Bernal. La falta de una estrategia clara en estos temas es algo que no se soluciona con "medidas de corto plazo sin ningún armazón de cara al largo plazo y sin pactos entre los dos principales partidos nacionales".
Las medidas hasta ahora tomadas por el Gobierno a este respecto "conducen a una mayor recaudación para sufragar el aumento de gastos innecesarios y que no van a la raíz de los grandes problemas", completa Bernal.
La razón fundamental de que los índices económicos sitúen a España mejor que la mayoría de previsión se debe a que "todavía no hemos pagado el coste de la crisis", explica el inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, y que e ve "con claridad en el aspecto fiscal" con una deuda pública que alcanza el 113% del PIB. "Pero, sobre todo, tendremos que pagar más intereses por esa deuda, a medida que los títulos se vayan renovando, por la inevitable política anti-inflacionista, de subida de tipos de interés, del Banco Central Europeo", apostilla.
Fondos europeos
Otro de los grandes retos que afrontará el siguiente Ejecutivo es la gestión y reparto de los fondos europeos. Desde el tejido productivo vienen reclamando desde hace tiempo que ese dinero se destine a las empresas para dinamizar la economía nacional. Para Almudena Semur, secretaria general del Observatorio Servicios Urbanos (OSUR) y economista, la estrategia actual debe ser modificada "totalmente", creando un "un comité de expertos en cada sector económico". Del mismo modo, pide clarificar y simplificar la engorrosa, y disparatada gestión actual de los fondos, creando un mecanismo sencillo y de fácil aplicación para el desarrollo de proyectos.
De la Torre, va un paso más allá y condiciona una futura mejora de la productividad de la economía española, "condición indispensable para aumentar el crecimiento económico", a la digitalización y la inversión de los fondos europeos. "Serían los dos grandes instrumentos, que bien utilizados", deberían permitir al próximo Gobierno. "modernizar el sistema productivo, y liberarlo de trabas administrativas y regulatorias".
Respecto a la ejecución de los fondos, Javier Santacruz, ve riesgo a "menos de un año" de la entrega definitiva de los proyectos que se deben ejecutar antes de 2026, "en breve se pedirán los 84.000 millones en fondos reembolsables".
El catedrático de Economía del CEU San Pablo, Javier Morillas, apunta a que de nuestro papel en la gestión de los fondos puede incrementar la "desconfianza y pérdida reputacional de España" como consecuencia de no haber aprovechado la dotación.
Viabilidad de las pensiones
La reforma del sistema de pensiones acometida en esta legislatura por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre todo la segunda parte de ésta, que no fue apoyada por los empresarios. Estas pagarán 9.000 millones extra en cotizaciones y pone en peligro la supervivencia del actual sistema para las generaciones posteriores al baby boom. Se espera que el déficit del actual sistema ascienda por encima de los 50.000 millones para 2050.
Para Bernal, "tenemos una situación no resulta en el tema de la viabilidad de las pensiones a futuro. El mercado laboral presenta grandes deficiencias que sitúan a nuestro país en el peor puesto entre los países de nuestro entorno en cuanto a desempleo y precariedad, algo que se agrava aún más en determinados colectivos. Puestos de trabajo además muy centrado en sectores de producción de bajo valor añadido, perdiendo peso el sector industrial".
Salvador Marín advierte también de la necesidad de acometer una nueva reforma de pensiones y de la administración publica y afrontar medidas que "busquen incentivar afrontar el elevado desempleo juvenil". Por ejemplo, "se podría proponer utilizar los fondos, para reformar el sistema de pensiones ajustando un nuevo índice de solidaridad, potenciando los planes de pensiones, sistemas de capitalización, o introduciendo la llamada 'mochila austríaca'", que no tendría virtualidad sino a largo plazo; es decir, "comenzar con su aplicación a partir de las personas con cierta edad actual, y para el resto continuar con el modelo anterior".
Además, apunta Marín, el envejecimiento de la población "tiene consecuencias negativas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y sobre el crecimiento económico a medio y largo plazo. El déficit de las pensiones debe reducirse para garantizar la sostenibilidad y evitar crear una carga añadida para futuras generaciones".
Sostenibilidad y energía
Otro de los grandes retos para la próxima legislatura es la transición energética y la sostenibilidad medioambiental del país. Bernal apunta a la necesidad de dotar a España de "un modelo hidrográfico que garantice el agua para todos".
Almudena Semur añade que "el agua y la sequía tienen un peso muy importante en el PIB", por eso será necesaria "una política hidráulica que garantice la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso para todos los usos", dotando en el presupuesto de las partidas necesarias para acometer las infraestructuras necesarias.
Javier Morillas, por su parte, reclama un Plan del Agua, "que potencie el propio sector agrario".
Para Salvador Marín, la próxima legislatura se debe afrontar, de forma razonada, que el cambio climático y la preservación de la biodiversidad son nuevos valores que recomponen la brújula de los ciudadanos españoles, que dará lugar a una enorme oportunidad para el desarrollo económico. "Incentivos adecuados, plan de inversión pública y política de impuestos medioambientales competitivos bajo el principio de quien contamine pague y quien preserve cobre (menos impuestos o incentivos)", propone Marín.
El nuevo Gobierno tendrá que enfrentarse a grandes riesgos en el ámbito de la transición energética. "La atracción de inversiones para hacer la descarbonización y electrificación necesarias lejos de los planes iniciales del Gobierno con los que pretendía nacionalizar en la práctica el sector eléctrico", analiza Javier Santacruz.
Financiación autonómica
Tras las elecciones del 28M se abrió la oportunidad de abordarla reforma del sistema de financiación autonómica, clave para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos básicos a futuro. El actual sistema, caducado desde 2014, debe reformarse para adaptar los repartos presupuestarios en función a la realidad de las comunidades autónomas.
Salvador Marín reclama al próximo Ejecutivo consensuar este nuevo sistema, "con un compromiso de cogobernanza y estabilidad en el tiempo" para evitar "tensiones regionales" a causa de esto. Javier Santacruz incide en que el sistema lleva "caducado desde 2014", provocando un deterioro de los servicios públicos, "a pesar de que las Administraciones Públicas están generando máximos históricos de recaudación".
Ecosistema empresarial
La relación del Gobierno con los empresarios ha terminado la legislatura con problemas. El Gobierno reformó pensiones y subió el salario mínimo sin el consenso con CEOE, y parte del Ejecutivo se ha dedicado a atacarles sin consecuencias. Por si fuera poco, "tanto fiscalmente, como en seguridad jurídica y en otros aspectos tenemos que ser capaces de crear un entorno amigable para los empresarios, desarrollo de nuevos proyectos y atracción de inversiones extranjeras. Todo ello orientado a la consecución a largo plazo de una modernización de nuestra economía, donde España sea un referente en los nuevos sectores y necesidades que prácticamente están ya presentes o muy cercanas. Digitalización, tecnología, nuevo modelo energético, cambios por el envejecimiento de la población son retos fundamentales", expresa Miguel A. Bernal.
