Alberto Núñez Feijóo no revertirá el gravamen temporal a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas si gana las elecciones del 23 de julio, sino que esperará al resultado de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) para tomar una decisión. El anticipo electoral no precipita un cambio en la estrategia fiscal de los populares, que optarán mantener la postura defendida desde la oposición. "Hay visos de inconstitucionalidad y que todo lo que se ha cobrado habrá que devolverlo", apuntan fuentes de Génova con respecto al impuesto que grava a la entidades financieras cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. La táctica será distinta en el caso del gravamen a las compañías energéticas. Si el líder popular accede a La Moncloa se limitará a adaptarlo a la normativa europea, que apunta a los beneficios extraordinarios y no a la cifra de negocio, como estipula la ley aprobada el pasado diciembre en el Senado.
La ofensiva se acelera con respecto a la tasa a las grandes fortunas, con la que Sánchez pretende evitar que éstas esquiven el impuesto de Patrimonio gracias a las bonificaciones decretadas en las comunidades del PP. Los gobiernos de Andalucía, Madrid o Galicia presentaron a inicios de año sendos recursos por "suplantar las competencias autonómicas" que el TC ya ha admitido a trámite. En este caso, Génova ve más factible una derogación por la vía judicial, "se va a quitar", asegura un portavoz que no aclara que decisión tomaría Feijóo en caso de que el Constitucional no avale el recurso de los suyos.
En todo caso, si el gallego escala el 23-J a la presidencia del Gobierno solo podría tumbar la parte de los impuestos correspondientes a las liquidaciones de 2023, que se practicarán en 2024, pero no lo ya ingresado. "El impuesto a las grandes fortunas, cuya liquidación se hará entre el 1 y el 31 de julio de este año por el patrimonio que tuviera el contribuyente en 2022 se va a aplicar sí o sí", asegura Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau. Lo mismo ocurriría con el primer tramo de la tasa ya pagada por la banca y las energéticas. "Cuando una comunidad recurre el impuesto a las grandes fortunas está defendiendo al 0,1% de ciudadanos más ricos en detrimento a la sanidad y educación publica, que es la que utiliza la mayor parte de la población", criticó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en respuesta a la estrategia popular.
Ofensiva parlamentaria
Génova ya trató de frenar la tramitación de los gravámenes en el Senado, donde presentó un veto que no prosperó. "Nos oponemos a la introducción de este gravamen por el Gobierno, pues, en todo caso, debería basarse en un esfuerzo fiscal que debería hacer el sector por el aumento de beneficios extraordinarios, si bien, ustedes lo aplican sobre ingresos", dijo la senadora popular María Pilar Alía, durante su intervención en el pleno de la Cámara Alta hace ya cinco meses.
Ambos impuestos tienen carácter temporal, se aplicarán durante los años 2023 y 2024, pero teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2022. El pasado mes de febrero, Montero informó del resultado del primero de los dos pagos que las compañías deben realizar a lo largo de este ejercicio. El desembolso alcanzó casi los 1.500 millones de euros, una cifra que se encuentra en línea con las estimaciones efectuadas por el Gobierno, que prevé ingresar 3.000 millones de euros anuales. El Ejecutivo espera ingresar otros 3.000 millones más a través de la tasa a los ricos.
Desde su anuncio, Núñez Feijóo se mostró muy crítico. Su bancada votó en contra en el Congreso, aunque no se sumó a los bancos en el recurso que presentaron ante el TC. Aun así, su portavoz económico, Juan Bravo, anticipó un fallo en contra por parte de la Justicia, algo que provocaría que el próximo Ejecutivo se viera obligado a devolver todo el importe cobrado hasta ahora.
Una primera batalla perdida
Los impuestos ya sufrieron un primer revés judicial. La Audiencia Nacional rechazó la petición de Repsol de suspender cautelarmente las tasas que afectan a la banca y las energéticas, al entender que no hay un "perjuicio irreparable". La batalla judicial sigue en el TC y se centra en el objeto de los gravámenes, aunque con distinta suerte.
La banca cuenta con más enteros, consideran que los altos beneficios declarados durante el pasado año se justifican, "venimos de una situación de tipos negativos", dijo el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, cuando declaró unos beneficios de 3.145 millones en 2022. El PP no es el único que confía en que prosperen los recursos, el PNV también espera la derogación de las tasas.
