Cuatro comunidades autónomas tienen a más de una décima parte de su población en pobreza severa. Se trata de Andalucía (14,4%), Canarias (13,2%), Murcia (11,6%) y Extremadura (10,2). Es decir, personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros por unidad de consumo al año (560 euros al mes).
Esta situación afecta en España a 4,2 millones de personas, el 8,9% de la población, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
En su último informe sobre El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas, con datos de 2022, la organización señala que Asturias también supera la media nacional, con el 9,2% de su población en riesgo de pobreza, mientras que la Comunidad Valenciana la iguala con una tasa del 8,9%.
No obstante, las ciudades autónomas de Melilla (23,3%) y Ceuta (23,1%), superan la media nacional en pobreza severa en más de 14 puntos porcentuales. Por su parte, las tres autonomías con menor porcentaje de habitantes en situación de pobreza severa son País Vasco (5,2%), Cantabria (5,1%) y Aragón (4,9%).
En total, en España hay 12,3 millones de personas en situación Arope (tasa de riesgo o exclusión social). Estos 9,7 millones de habitantes viven en pobreza con ingresos inferiores a 10.088 euros anuales por unidad de consumo (841 euros al mes).
Ceuta y Melilla, con un 16,8% y un 15,7% de su población, respectivamente, también duplican la media nacional del 7,7% de privación material y social severa (PMSS), un indicador de vulnerabilidad grave -que van más allá de la pobreza severa- y que se construye a través de 13 indicadores o elementos de consumo y de relación social, los cuales se consideran necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida.
El más evidente se corresponde a la pobreza energética. Por ejemplo, el año pasado un 17,1% de la población española no fue capaz de mantener su vivienda en con una temperatura adecuada.
El PMSS también analiza las carencias materiales y sociales relacionadas con retrasos en el pago de la vivienda principal; no poder irse de vacaciones al menos una semana al año; no comer carne, pollo o pescado cada dos días: no ser capaz de afrontar gastos imprevistos, no tener coche, no cambiar el mobiliario viejo, no renovar el vestuario o no poder permitirse tener dos pares de zapatos.
Igualmente, las personas con privaciones materiales y sociales severas no pueden reunirse con los amigos o familiares para comer o tomar algo una vez al mes, no se permiten ir al cine o disfrutar de actividades de ocio; gastar algo en sí mismos cada semana y, además carecen de conexión a Internet.
Brecha norte-sur
El estudio pone de relieve la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida, "una desigualdad norte-sur que se agudizó notablemente durante los años de la crisis, y la recuperación macroeconómica posterior no fue suficiente para compensar estos años de pérdida", dice.
De este modo, para las regiones del sur, la tasa de riesgo de pobreza alcanzó en 2022 al 27,1% de la población residente, cifra que se reduce a casi a la mitad (15,3%) para aquellas que viven en la mitad norte del país.
Estas diferencias territoriales también se observan en la desigual evolución de la privación material y social severa. Así, mientras el que en el norte la PMSS ha caído casi un punto en el último año (0,9) en el sur apenas ha variado, con una bajada de 0,3. En consecuencia, se ha incrementado la brecha entre ambas zonas hasta los 3,4 puntos porcentuales (9,6% frente al 6,2%).
El informe concluye que la desigualdad territorial aleja a España del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, cuyo objetivo es que nuestro país tenga 10,2 millones de persona en Arope en lugar de las 12,3 millones de 2022.
