Barcelona
Foment del Treball eleva el tono contra el Impuesto de Patrimonio. La patronal catalana ha presentado este martes un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tributo. La entidad hace ya años que hace campaña contra la norma y ahora busca una nueva vía para lograr de eliminarlo.
La organización presidida por Josep Sánchez Llibre presentó este martes el recurso contencioso administrativo después de que su junta aprobase el movimiento el lunes. La Audiencia deberá ahora decidir si admite a trámite la medida y ver si eleva la cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional. La impugnación se producirá contra la orden ministerial que aprobó el tributo.
Para la ofensiva, Foment se ha rodeado de los abogados del Estado Manuel J. Silva (Roca Junyent) y Jordi de Juan (Crowe). Los letrados consideran que, de cumplirse los plazos esperados, el asunto podría llegar al Tribunal Constitucional en cinco meses, aunque factores como la saturación de la justicia y las huelgas de funcionarios en el sector retrasen el avance. A partir de aquí, la cuestión puede estar años hasta recibir un veredicto.
'Foment' ya abordó su ofensiva contra el impuesto por la vía política
La patronal busca así una nueva vía para que el Constitucional tumbe el impuesto, uno de los que el Estado tiene cedidos a la Generalitat, en el caso catalán. Ya lo intentó en 2021, cuando preparó otro dictamen de inconstitucionalidad que presentó a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y fue la base del recurso que terminó presentando el Partido Popular y que todavía no se ha resuelto.
En 2022 lo abordó por el camino autonómico e hizo un segundo dictamen sobre el impuesto a grandes fortunas que presentó a partidos y autonomías para que presentasen sus propios recursos.
"Esta es una herramienta más. Hemos visualizado a través de informes elaborados por despachos de juristas que es una vía posible para plantear el recurso de inconstitucionalidad", avisó Sánchez Llibre. Y añadió: "Se trata de un tributo confiscatorio que lastra la competitividad de las empresas y dificulta la instalación de altos directivos en España".
El alcance del impuesto de patrimonio en España
Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2020 hubo 189,613 españoles que tuvieron que pagar el Impuesto de Patrimonio. La aportación total alcanzó los 1.203 millones de euros tras deducciones y bonificaciones. El tributo afecta a todas aquellas personas con un patrimonio superior a 700.000 euros sin tener en cuenta su vivienda principal.
Para poder recuperarlo, los ciudadanos que hayan tenido que abonarlo deberán haber presentado una reclamación en cada uno de los ejercicios. Una hipotética sentencia favorable, eso sí, solo permitirá recuperar la cantidad de los últimos cuatro años.