Economía

Un mayor endurecimiento monetario restaría hasta un 0,8% al PIB de 2026

  • El Gobierno teme las consecuencias de una subida de los tipos de interés del 1,2%

El Gobierno teme un empeoramiento de la economía fruto de un mayor endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). El documento que Moncloa remitió a la Comisión Europea reconoce que si la ofensiva de los de Christine Lagarde contra la inflación continúa a un ritmo acelerado, las previsiones de PIB se verían desbaratadas. En concreto, el programa de Estabilidad calcula que si la institución monetaria eleva los tipos de interés en 120 puntos básicos, " el PIB llegaría a desviarse hasta un -0,8% respecto al escenario macroeconómico base en 2026".

El Ejecutivo prevé una senda de crecimiento de la economía del 2,1% en 2023 y del 2,4% en 2024. El PIB perdería impulso a partir de 2025, cuando Economía estima que crezca al 1,8%, una décima más del 1,7% plasmado para 2026. Si los malos augurios se cumplen estas cifras se vería reducidas, hasta dejar el crecimiento económico por debajo del 1% en tres años.

El BCE elevó de nuevo los tipos otros 25 puntos básicos el pasado jueves, siguiendo la estela marcada un día antes por la Reserva Federal estadounidense, que hizo lo propio un día antes. Desde el estallido de la crisis de la inflación, el Banco Central Europeo ha llevado los tipos hasta el 3,25%, niveles que no se veían en la tasa de depósito desde julio de 2008.

Si Lagarde continúa aplicando nuevas vueltas de tuerca al euro, España tendría que asumir un mayor coste de el pago de intereses de la deuda. Además un menor crecimiento afectaría igualmente al saldo público por la menor recaudación fiscal y generaría un mayor gasto en prestaciones sociales en un entorno donde solo la creación de empleo conseguiría resistir.

Amenaza al consumo

No ocurre lo mismo con la demanda interna, que levantó el vuelo de la economía en 2022. El efecto carcoma que la inflación está ejerciendo sobre la capacidad de ahorro de las familias amenaza con devorar la pequeña parte del colchón financiero que los hogares todavía acumulan desde la pandemia. "El consumo de los hogares en términos nominales crecerá menos que en 2022, tanto por la desaceleración de la economía como por una inflación que, aunque continuará en niveles elevados, se moderará de forma notable respecto al 8,4% de 2022", apuntan los economistas de CaixaBank Research, Javier García y Sergio Díaz.

El consumo privado fue uno de los pilares del fuerte crecimiento registrado el año pasado. La demanda nacional aguantó el pulso a la inflación gracias a la evolución del empleo y al ahorro embalsado desde 2020. 

El Ejecutivo apunta a que creció en torno a 10 puntos de PIB. "Se prevé que el consumo privado crezca un 2,1% en 2023, sostenido principalmente por la evolución del empleo", apunta Moncloa en el programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea. La previsión de consumo se vería seriamente afectada por una mayor presión monetaria, restando un 0,2% al pronóstico del Ejecutivo este año, y un 0,9% en 2026. Además, una excesiva reacción del BCE restringiría -aún más- la concesión de crédito. Ya en el primer trimestre de año, la banca siguió endureciendo los criterios y condiciones de los préstamos a los hogares, según la Encuesta de Préstamos Bancarios elaborada por el Banco de España. 

El cierre de grifo de financiación afecta a los préstamos destinados al consumo, pero sobre todo al previsto para la compraventa de vivienda, que cayó un 11,7% en marzo, según los datos provisionales del Centro de Información Estadística del Notariado. El endurecimiento de acceso a las hipotecas ha disparado el efecto refugio en el alquiler, elevando en abril los precios casi un 9%, con respecto al año anterior. La tensión se agudiza en ciudades como Málaga, Palma o Valencia, donde las rentas se han incrementado más de un 20% en doce meses. Aun así, Barcelona y Madrid continúan marcando los precios por metro cuadrado más elevados de España, en 18,6 euros y 16,4 euros, respectivamente. Un problema, este último, sobre el que ya pivota la carrera electoral del 28M. 

Presión sobre el empleo

El abrupto endurecimiento de la política monetaria no solo asediaría a la economía desde dentro, sino también desde fuera. Un menor crecimiento nominal de la zona euro se trasladaría a un menor crecimiento del PIB español por una menor contribución de la demanda externa, otro de los grandes pilares durante 2022. " Ante este escenario, se da un menor crecimiento del PIB español, que llega a desviarse un -0,6% respecto al escenario base, principalmente por una menor contribución de la demanda externa", explica el documento que el Gobierno envió el pasado 28 de abril a Bruselas. 

No es el único sostén económico que se vería afectado llegado el caso. La caída de los ahorros, las mayores restricciones al crédito y el plausible aumento extraordinario de los tipos, dejan todo en manos del empleo. Los datos conocidos el pasado jueves correspondientes al pasado mes de abril dan oxígeno a los hogares. 

Abril sumó 238.436 afiliados más, firmando el mayor incremento en este mes desde que se registran las cifras cifras. Sin embargo, buena parte de la creación de empleo se generó en el sector turístico, muy dependiente de la demanda externa. Una variable que se verá amenazada por un empeoramiento de las economías europeas. Si se cumplen los peores pronósticos, la creación de puestos de trabajo se vería mermada, como consecuencia del empeoramiento del resto de variables. Dentro de los riesgos previstos por el Ejecutivo en caso de una abrupta subida de los tipos, el empleo a tiempo parcial comenzaría a resentirse ya este 2023 cayendo una décima. El deterioro llevaría al principal motor de la economía a recortar su vuelo un 0,9% en 2026, según detalla el programa de estabilidad presupuestaria, que ya estudia la Comisión Europea. 

Déficit y deuda también se verían penalizadas, en plena cuanta atrás para la recuperación de las reglas fiscales comprometidas con Bruselas. El documento estima que la deuda podría crecer en  un 2,7% del PIB en 2026. El plan de consolidación fiscal sigue siendo discutido entre el ejecutivo comunitario y el gobierno alemán.

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