Valencia
Apenas un día después de que el Consejo de Ministros aprobase las ayudas por 450 millones de euros a la industria gasintensiva, la patronal CEV Castellón junto a los sindicatos UGT y CCOO en Comunidad Valenciana y hasta 30 entidades de esa provincia han presentado un manifiesto en que se exigen ayudas directas a la industria cerámica, su principal motor económico, para hacer frente a la fuerte subida de sus costes energéticos por el gas.
El presidente de CEV Castellón, Luis Martí, también vicepresidente de la patronal autonómica CEV, fue el encargado de presentar este documento bajo el lema "Salvem Castelló" junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que se ha adherido al manifiesto. Los firmantes del manifiesto advierten que toda la industria vinculada al clúster cerámico está en "serio riesgo" por la subida de los costes de la energía y la falta de ayudas directas.
Martí justificó el respaldo de la sociedad civil castellonense a esta reivindicación dado que se estima que 70.000 de los 210.000 empleos de la provincia están vinculados de alguna forma a la actividad del sector del azulejo y que gracias a él el 36% del PIB de Castellón procede de la industria, algo que considera único y que debe ser defendido en plena reindustrialización.
El manifiesto, que se presentará mañana al Ministerio de Industria, considera que las ayudas estatales del Gobierno de Pedro Sánchez son insuficientes ante la crisis energética que afecta a la industria cerámica.
Así, según Martí frente a los 2.000 millones de euros de coste que ha supuesto la subida de precios del gas, apenas se han recibido 22 millones de euros, además de los 450 millones aprobados ayer que "se repartirán entre 36 sectores gasintensivos".
Frente a ello, Martí citó las medidas de países con empresas rivales, como Italia, que subvencionó hasta el 40% de la factura de gas, o Portugal.
Apoyo de Puig
El presidente valenciano Ximo Puig respaldó la petición al asegurar que "la cerámica nunca ha estado subsidiada". El principal problema que se han encontrado las empresas es que en la práctica las ayudas estatales planteadas no pueden llegar a la mayoría de empresas del sector por los requerimientos que exige la Ley de Morosidad. Debido a la falta de liquidez, la inmensa mayoría no cumple los plazos de pagos a proveedores necesarios.
El propio Puig planteó como opción para desatascar ese punto que las subvenciones se pudiesen destinar en parte precisamente a pagar a proveedores. Hasta ahora el Ministerio de Industria ha rechazado suavizar esos criterios, dado que esa ley fue aprobado en el Congreso.
