La economía global comienza a relajarse al ritmo que lo hace la curva de la inflación prevista para los próximos meses. El retorno de la calma al mercado de la energía, la mejoría mostrada en los cuellos de botella y el menor coste alcanzado por los fletes, dibujan una optimista previsión en cuanto a la evolución de los precios. Para 2023, KPMG apunta a un IPC global del 5,3%. Un dato que caerá hasta el 3,2% el año que viene.
Lo mismo ocurre con el crecimiento económico, que la big four sitúa en el 2,1% este año, y en el 2,6% en 2024. Sin embargo, detrás de este relativo sosiego, se esconde una incertidumbre perenne ligada al destino de la guerra en Ucrania. "La guerra descontrola los precios e incluyen un factor de incertidumbre extra; mientras este factor no este controlado, cualquier shock externo hará que la confianza se tambalee", apunta el catedrático de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaime I, Juan Ángel Lafuente.
De hecho, los expertos de KPMG pronostican un comportamiento muy desigual de las economías mundiales. Calculan una mayor actividad en las emergentes, pero cierto estancamiento en las desarrolladas, especialmente en aquellas que componen la Unión Europea, demasiado expuestas a las consecuencias del conflicto. "La economía global se verá impulsada por la recuperación de la economía china y por un crecimiento relativamente sólido en los mercados emergentes, mientras que las economías de la zona euro y Estados Unidos, previsiblemente, contribuirán en menor medida al crecimiento mundial en los próximos dos años", afirma Pablo Bernad, socio responsable de Mercados de la firma en España.
Crisis de incertidumbre
El final de la guerra, y por lo tanto de la volatilidad, sigue siendo un enigma para los inversores, cada vez más sensibles a cualquier imprevisto. La reciente tensión financiera provocada por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y la crisis de confianza en Credit Suisse, cambió el esquema de los bancos centrales, que según KPMG, estarían preparando la desescalada del endurecimiento de la política monetaria. Sus cálculos coinciden con los publicados hace una semana por el por el Panel de Funcas. El consenso de los analistas consultados por la entidad prevé que los tipos de interés suban hasta llegar al 4% en el segundo trimestre del año y se mantengan en ese nivel hasta mediados de 2024.
Todo ello, deja en manos de los Gobiernos la labor de empujar en solitario de la actividad económica. El reto es evidente. Al efecto secundario de la política monetaria, se suma la necesidad -especialmente en la Unión Europea- de recortar el elevado endeudamiento adquirido durante los años de pandemia. "Desgraciadamente, las finanzas públicas se han deteriorado de forma significativa en los últimos tres años ya que los gobiernos han dedicado sumas significativas a proteger sus economías frente a la COVID-19", apunta la firma estadounidense en su último informe de previsiones, que no obstante estima que la vuelta a la normalidad de los flujos comerciales aporte mayor estabilidad en 2024.
Disciplina fiscal
Con el Ejecutivo comunitario desempolvando las reglas fiscales, países como España deberán redoblar sus esfuerzos para reducir déficit y deuda pública. En ello está el Gobierno. Su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insistió durante el pasado Consejo de Ministros. "Estamos aprovechando el fuerte crecimiento y la extraordinaria evolución del empleo para avanzar en la consolidación fiscal", dijo la también ministra de Asuntos Económicos.
La estrategia funciona. España cerró 2022 con un déficit del 4,8% del PIB. La cifra mejora las previsiones que manejaba Moncloa. "El gran reto que tiene la economía española para equilibrar sus cuentas, y donde está el problema más complejo de resolver, es en el gasto, que se ha afianzado en un nivel tal que exige la seguridad de ingresos constantes para afrontarlo", asegura Carlos Balado, profesor de OBS Business School. La meta del Ejecutivo es situar la deuda pública en el 110% en 2025.
No es el único dato que ha superado las expectativas de Moncloa. La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2022 en 1,502 billones de euros, lo que supone un incremento de 75.305 millones respecto al año anterior, aunque redujo su peso sobre el PIB hasta el 113,2%, según las cifras difundidas por el Banco de España. De esta forma, desde el nivel máximo alcanzado durante la pandemia, la ratio deuda PIB se ha reducido en más de 7 puntos. "La subida de los tipos de interés ha provocado que ahora la financiación de la deuda pública sea más costosa", concluye el informe de KPMG.
