Las quince comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) gestionan en estos momentos casi 100 impuestos propios. Aunque en algunos casos estén en suspenso, ya sea por declaraciones de inconstitucionalidad, derogaciones parciales, así como por el solapamiento con impuestos estatales, eso no significa que hayan desaparecido de las regulaciones fiscales de sus territorios, como advierten los expertos. Esta cifra cercana al centenar supone un récord que demuestra hasta que punto ha crecido la maraña tributaria.
Según datos del Consejo General de Economistas de España, actualmente están vigentes 60 impuestos propios, a los que cabría añadir otros cuatro que entrarán en vigor en la Comunidad Valenciana en 2025.
Entre 2021 y 2022, el total de las autonomías en régimen común aumentaron sus ingresos tributarios un 2,1%, lo que incluye tanto impuestos propios como impuestos cedidos (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto Sobre el Patrimonio) y las tasas.
En lo que a impuestos propios se refiere, las oscilaciones son importantes en función de las autonomías. Así, en Castilla-La Mancha se incrementa considerablemente la recaudación (53%), al igual que en Cataluña (41,3%), si bien en esta última región el crecimiento obedece principalmente a las cifras de recaudación de los cánones. Castilla y León también incrementa notablemente su recaudación (33,3%).
Otras autonomías reducen su cobro, caso de Asturias, con un descenso del 22,6% como consecuencia, en gran medida, de la bajada de la recaudación procedente de los ingresos del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
La Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Extremadura reducen su recaudación y el resto de autonomías la incrementan. Por su parte, Madrid ha eliminado sus impuestos propios a partir de 2022, pero todavía ha obtenido ingresos procedentes de los mismos.
En el caso de Canarias las cifras están distorsionadas frente al resto de regiones debido a la clasificación -en atención a su régimen económico especial- como impuestos propios, del Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo y del Impuesto sobre las labores del tabaco.
En el resto del territorio nacional del régimen común estos tributos se circunscriben en el ámbito de los impuestos especiales estatales cedidos parcialmente a las autonomías.
Igualmente, hay que considerar que hay algunos conceptos que se cobran vía impuestos propios mientras que, en otros casos, se ha decidido crear una tasa, como por ejemplo, sobre el agua o sobre el juego, lo que produce una distorsión de los ingresos obtenidos. Por ejemplo, Galicia ha eliminado el Impuesto sobre los premios del bingo, aunque lo ha integrado en la tasa fiscal sobre el juego.
Esta situación ocurre especialmente en los ingresos relacionados con el agua, puesto que en ciertas ocasiones los cánones regulados por las autonomías se configuran como tasas. Porcentualmente, Cataluña es la región que obtiene más ingresos por impuestos propios, con el 38% de la recaudación total. Le siguen Canarias con el 17,9% y la Comunidad Valenciana con el 9,3%.
Si se considera la participación de los ingresos propios en los impuestos tributarios, los primeros representan el 3,4% de los ingresos tributarios en Cataluña. Y con la salvedad de Canarias, en Extremadura los impuestos propios representan un 5,4% de los ingresos tributarios. En el lado contrario, en Madrid prácticamente no representan casi nada, un 0,03%, y en Castilla-La Mancha y Andalucía no llegan al 1%.
La participación de los tributos con respecto al total de ingresos tributarios de cada autonomía no se corresponde siempre con el peso de la recaudación por ingresos tributarios en el total nacional. Es el caso de Madrid, que en 2021 apenas obtiene ingresos por impuestos propios, en tanto que recauda el 20,1% de los ingresos tributarios autonómicos.
Por otro lado, Canarias es la comunidad autónoma que más dinero recaudó por habitante mediante impuestos propios durante 2021, con un total de 195,6 euros; seguida de Cataluña con 116,4 y Extremadura con 107,5.