UGT pone como límite el 1 de mayo para lograr el acuerdo salarial

La Unión General de Trabajadores (UGT) marca como fecha tope para lograr cerrar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Para el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, si su "moderada" petición a los empresarios no llega a acuerdo "tendremos un gran conflicto", ha dicho hoy en las jornadas: 'Diálogo Social y Negociación Colectiva', organizadas por UGT- Extremadura.

"Tenemos negociaciones, tenemos comprometidas reuniones con la patronal, para acometer el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, pero hemos dejado claro que nuestro plazo para alcanzar el acuerdo es el 1º de mayo. Si no somos capaces de llegar a un acuerdo que recupere la garantía de los salarios va a haber conflicto. Francia es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando el conflicto llega a las calles. No es aceptable que con los incrementos tan groseros que tienen las empresas no se hayan subido los salarios", ha subrayado.

Luján argumenta que los resultados empresariales del curso pasado se incrementaron en un 91% mientras que los salarios sólo subieron un 2,7%. "Por lo tanto, tenemos margen, muchísimo margen, para incrementar salarios".

Por lo pronto, la próxima reunión queda emplazada para la vuelta de Semana Santa, el 15 de abril; lo que da un margen de quince días para cerrar el acuerdo.

Pensiones

En materia de pensiones, Luján ha destacado que también es bueno comparar lo que pasa en España con lo que ocurre en Francia porque allí han aumentado el tiempo mínimo por el que se puede tener una pensión a 43 años.

"El problema no está en que se haya aumentado la edad de jubilación de los 62 a los 64 años", ha explicado, "el problema es que para tener una pensión completa va a haber que tener cotizados 43 años. Algo que no es posible en la práctica y va a provocar que la edad de jubilación se retrase mucho más allá de los 64 años". 

Además, Fernando Luján ha recordado a los empresarios que afirman que no van a poder pagar las cotizaciones que durante la pandemia el Estado español les dio más de 30.000 millones de euros, mientras que lo que supone el acuerdo no llega a 8.000. 

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