Economía

Los becarios empezarán a cotizar desde el 1 de octubre incluso si realizan prácticas no remuneradas

  • El Estado bonificará el 95% de las cuotas que asumirá el empresario
  • De cara a las prestaciones, cada día de prácticas cotizará como 1,61 días
  • Se dará la oportunidad de convalidar hasta dos años de prácticas pasadas
Foto: iStock

La reforma de las pensiones conlleva un cambio muy esperado entre los becarios. La norma establece la inclusión en el sistema de Seguridad Social de aquellos alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación sean remuneradas o no.

El real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla en la disposición adicional quincuagésima segunda que los alumnos universitarios (títulos oficiales de grado y máster, doctorado, títulos propios...) y de formación profesional (menos la FP intensiva) que realicen prácticas sean consideraros trabajadores por cuenta ajena y coticen a la Seguridad Social desde el 1 de octubre

Las cuotas a asumir por las empresas serán bonificadas por el Estado un 95% "sin que les sea de aplicación otros beneficios en la cotización distintos a esta reducción", añade el texto.

En el caso de las prácticas remuneradas, la cotización se efectuará aplicando las reglas de los contratos formativos en alternancia: la base de cotización mensual aplicable a efectos de prestaciones será la mínima vigente en cada momento respecto del grupo de cotización 7 "salvo en aquellos meses en los que el alta no se extienda a la totalidad de los mismos, en los que la base de cotización a efectos de prestaciones será la parte proporcional de dicha base mínima". Para las prácticas no retribuidas, a efectos de prestaciones cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, sin sobrepasar nunca el número de días del mes correspondiente. 

Hasta dos años recuperables de prácticas pasadas 

Como hasta ahora, quedarán excluidos de la protección por desempleo, de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial  (FOGASA) y por Formación Profesional; tampoco aportarán al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En el caso de las prácticas no remuneradas, tampoco se incluye la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Para quienes hicieron las prácticas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitará un convenio especial al que podrán suscribirse durante un plazo determinado para solicitar el cómputo de la cotización por los periodos de prácticas no laborales y académicas realizadas previamente, hasta un máximo de dos años.

Acabar con los 'falsos becarios'

"Las administraciones públicas competentes llevarán a cabo planes específicos para la erradicación del fraude a la Seguridad Social asociado a las prácticas formativas que encubren puestos de trabajo". Este punto busca también ser abordado en el Estatuto del Becario en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabaja junto con los agentes sociales, aunque su aprobación se está retrasando por la falta de consonancia en el tratamiento de las prácticas extracurriculares.

El decreto establece un plazo de tres meses a partir del 1 de abril de 2023 se creará, mediante orden ministerial, un observatorio para el análisis y seguimiento de la aplicación y efectividad de las medidas adoptadas. El grupo estará integrado por representantes del Ministerio de Educación y Formación profesional, del Ministerio de Universidades, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

El debate de la cotización de los estudiantes en prácticas acumula años incluso pese a ser un derecho que ya se publicó en el BOE del 29 de diciembre de 2018 (de revalorización de las pensiones), en la anterior legislatura. De hecho, los planes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá pasaban por perfilar la regulación que en la práctica nunca se concertó en octubre de 2021, pero el desacuerdo, sobre todo por parte de las universidades, hizo encallar de nuevo el asunto.

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