Madrid
El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó una décima su tasa interanual en febrero hasta el 6% desde el 5,9% de enero, 0,1 puntos por debajo de la previsión que no supone, sin embargo, un freno en la escalada de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que se encarecieron un 16,6% respecto a febrero de 2022, su mayor nivel desde hace 30 años. Desde UGT, a través de su servicio de estudios, apuntan a que las medidas tomadas por el Ejecutivo para paliar estos efecto no han surtido efecto, y las empresas distribuidoras y de alimentación han aprovechado para ampliar sus márgenes. Por este motivo el sindicato plantea sustituir la rebaja "por cheques para la compra de bienes básicos"
La inflación subyacente también aumentó una décima para colocarse en el 7,6%; no estaba tan alta desde diciembre de 1986. Ante esta situación, desde el sindicato UGT (con CCOO) emplazan a la CEOE que "el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incluya nuevos criterios para diseñar cláusulas de revisión salarial combinando la evolución del IPC y la situación económica de las empresas, medida por su margen de beneficios, lo que repartiría de manera socialmente justa los costes de la inflación, algo que hasta ahora sólo ha recaído sobre el bolsillo de la clase trabajadora", apuntan desde el sindicato.
Medidas a medias
La medida que ha mostrado mayor efecto positivo, "aunque podría haberlo sido aún más, ha sido el tope al precio del gas, rebajando la factura eléctrica", apunta el sindicato. Una actuación que para UGT ha permitido entender que, si las tensiones vienen motivadas por la dinámica especulativa de las grandes empresas que operan en mercados oligopolizados, las medidas para controlar la inflación deben orientarse a limitar su actuación y su capacidad para fijar precios y especular con sus productos.
"En esta dirección, algunas propuestas que deberían aplicarse de manera urgente sobre los mercados tensionados serían: en el eléctrico, extender en el tiempo las medidas actuales hasta que se concrete la necesaria reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad; y en el sector de la alimentación, desarrollar el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para establecer precios o márgenes de comercialización máximos de referencia y velar por el buen funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Con mayor recorrido temporal es preciso reformar el sistema de fijación de precios del sector eléctrico en línea a lo apuntado por la propuesta del Gobierno de España enviada a la UE y aumentar la competencia en la distribución alimentaria, incentivando la entrada de nuevos operadores y elevando la transparencia de su impacto sobre la cadena de precios de origen a destino", incide el sindicato.
Además, apuntan a que habría que analizar "con carácter transversal" la sustitución de las rebajas de impuestos "por cheques para la compra de bienes básico", en función del nivel de renta; en función del nivel de renta; reformar la estructura institucional de los órganos independientes de regulación y de competencia (CNMC) e introducir una estructura más eficiente de los tipos de IVA, como parte de una reforma fiscal integral. Por último, las rentas salariales deben recuperarse para evitar que se continúe hundiendo el poder de compra de los hogares.
La inflación ha sido el principal problema económico de 2022, y amenaza con serlo también en este 2023: el ejercicio pasado acabó con una inflación media del 8,4% y del 5,2% en su tasa subyacente. La evolución, que no mejorar tras los datos de febrero, "se ha visto muy condicionada por tres elementos" apuntan desde el sindicato tras analizar el contexto económico en su documento 'El año de la inflación'.
Todo por hacer
En el caso del sector alimentario, sin embargo, aún está casi todo por hacer. La única medida puesta en marcha hasta ahora para reducir los efectos de la inflación de los alimentos es rebajar temporalmente el IVA que soportan algunos de estos productos. Los primeros datos desde su entrada en vigor muestran un impacto positivo, pero muy moderado. No obstante, dicen desde UGT, como sucede con todas las rebajas de impuestos indirectos dirigidas a minorar los precios, se trata de una medida poco eficiente, de impacto leve y a corto plazo, y con potenciales efectos regresivos.
La medida apenas encubrirá temporalmente el verdadero problema estructural del sector, que es la falta de competencia derivada de la concentración de la distribución alimentaria en unas pocas empresas, lo que les otorga capacidad para fijar precios. Un aspecto que, a corto plazo, sólo puede solucionarse mediante el establecimiento de precios o márgenes de comercialización máximos de referencia que impidan a las grandes empresas fijar precios abusivos.
¿Cuáles son los tres problemas que detecta el sindicato?
El primero de los elementos hacia los que se apunta desde UGT responde al "mercado energético y las tensiones en la oferta tras la pandemia", impulsando la inflación en los productos relacionados. El sindicato desde el papel de la 'excepción ibérica' para controlar unos precios que tocaron techo en marzo de 2022, cuando crecieron por encima del 80% en términos interanuales.
Esta situación de descontrol dejaría de asociarse a la energía para pasar al carrito de la compra. "Así, las empresas, que primero transmitieron el incremento de costes al precio final de sus productos para mantener sus márgenes de beneficio, lo continuaron haciendo más tarde a pesar de que se redujeron las presiones inflacionistas de la energía, ampliando sus beneficios y provocando efectos de segunda ronda sobre la inflación", critican.
Estos apuntan a que el número de componentes que muestran una evolución al alza de la inflación, en términos interanuales, por encima del 6% representan cerca del 5o% del total, "y lo peor es que 47 de esos 99 productos fueron alimentos".
Así, durante la segunda mitad del año, el precio de los alimentos comenzó a incrementarse hasta alcanzar en diciembre una tasa anual del 15,9%, la más alta desde que se tienen registros. La tasa en enero sólo se redujo al 15,5%, a pesar de que el precio de las materias primas y la energía cayeron y de que el Gobierno introdujo una reducción del IVA para muchos productos.
"Y es que, hasta ahora, las medidas llevadas a cabo han sido, por lo general, poco eficientes: las bajadas de impuestos han tenido escasa incidencia sobre la inflación, al aplicarse sobre mercados muy concentrados, cuyas empresas no han repercutido por completo las bajadas al precio final; la subvención de 20 céntimos a los combustibles ha sido regresiva, beneficiando más a las rentas elevadas; y el endurecimiento de la política monetaria del BCE es contraproducente e ineficaz en el corto plazo, como ya se está discutiendo en el propio seno del organismo, y posee riesgos de inducir una recesión", avisan desde el sindicato en un comunicado.
