España tiene deberes en el nivel de protección social y económica de las familias, especialmente en aquellos núcleos que tiene menores a su cargo. Según recoge Fedea en un análisis del Anteproyecto de ley de familias, España destina un 1,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a esta partida, un 45% menos que la media de la Unión Europea, que asciende al 2,3% de su PIB. Con los datos de 2019 en la mano, el impacto presupuestario de la nueva norma recoge un incremento de la inversión de 622 millones de euros en prestaciones sociales, deducciones en IRPF por maternidad de hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años y prestaciones sociales focalizadas.
El análisis lo firma Miguel Ángel García, investigador asociado al think tank de economía aplicada, Fedea. Las prestaciones por el valor citado de 622 millones de euros persiguen varios objetivos comprometidos con la Comisión Europea, relacionados con la economía de los cuidados y la inclusión del componente 22 del Plan de Recuperación y Resiliencia español, detallan.
"El hecho de que buena parte de la protección económica a las familias se vehicule a través de beneficios fiscales en el IRPF (mínimos familiares exentos, tributación conjunta, deducciones por razones familiares) limita su ámbito subjetivo a las unidades familiares que tributan, es decir, a las que cuentan con renta suficiente para poder tributar y aplicarse esos beneficios", reflexionan desde Fedea.
Con este anteproyecto de ley se pretende subsanar la protección social que de las familias más vulnerables, cuyas rentas no alcanzan el mínimo establecido para declarar en IRPF "que precisamente son las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad desde el punto de vista económico". Es decir, estas ayudas directas y focalizadas vendrían a complementar las deducciones fiscales.
La elaboración del texto estuvo vigilada de cerca hasta su aprobación en diciembre por el ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, en concreto, el reconocimiento jurídico de todos los modelos de familia. Por ejemplo, este anteproyecto recoge un cambio en el título de la familia numerosa, que ahora pasará a llamarse 'familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza', "sin que cambien las condiciones de entrada a la categoría", apunta el informe.
El concepto de prestación económica de apoyo a la crianza, una deducción de 100 euros mensuales en IRPF por cada menor de 3 años de edad 'choca' con la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), al igual que ocurre con otro tipo de prestaciones. "Solo es posible percibir dicha prestación por una sola vía", precisan, de modo que ambas ayudas son excluyentes entre sí. Es decir, tal y como recoge el artículo 81, la deducción por maternidad en IRPF asciende hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, hasta cumplir esa edad.
La novedad acerca de esta bonificación en el IRPF es que se convierte en permanente y amplía su cobertura a las mujeres que haya cotizado 20 días desde la fecha de parto. Cuando el Gobierno dio luz verde a la normativa en el Consejo de Ministros, calculaba que esta medida en concreto alcanzaría entre 200.000 y 250.000 mujeres. Sin ofrecer una cantidad concreta, Fedea corrobora que esta medida "tiene repercusiones prácticas" y cree que el número de personas cubiertas "se incrementará significativamente".
Pese a la declaración de intenciones de la normas, desde Fedea señalan que los objetivos "loables" relacionados con la mejora de la protección familiar queda anclada en un desarrollo genérico y sin obligaciones concretas ni precisas para la administración pública competente, bajo términos "difíciles de aplicar en la práctica".
