Madrid continúa ejerciendo un "contrapeso" al Impuesto de Patrimonio del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para rebajar los impuestos a los inversores extranjeros con el fin de "dinamizar su economía y generar más recaudación y empleo", a través de una deducción de la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF).
Este jueves será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. El objetivo es que sea de aplicación en este 2023 para que las personas interesadas puedan aplicárselo en la declaración de la Renta del próximo año.
La iniciativa va dirigida a personas que lleven al menos 5 años viviendo fuera de España, quieran invertir y trasladen su residencia fiscal a la región. En concreto, podrán deducirse el 20% del total, ya sea en activos financieros como inmobiliarios. Estos últimos deberán estar radicados en la Comunidad de Madrid mientras que el resto podrá localizarse en cualquier lugar, exceptuando los considerados paraísos fiscales.
El Gobierno autonómico explica que este incentivo tributario se aplicará a partir del primer euro aportado, ya que no se ha establecido ningún tope mínimo ni máximo de cantidad.
La inversión podrá realizarse el año previo al traslado de la residencia fiscal a la Comunidad de Madrid, el mismo año del cambio o el siguiente.
Asimismo, se abre la posibilidad de que la deducción del 20% se aplique durante el año en el que se hace o en los cinco siguientes. El único requisito es mantenerla durante seis ejercicios, así como la residencia fiscal en la región.
El único límite anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se hace la deducción del 20%, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación se podrá hacer el primer año. En caso contrario se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años.
De esta manera, una persona que invierta un millón de euros se podrá deducir el 20% del total si su cuota de IRPF para ese año es igual o superior. Si no es así, lo que no se pueda aplicar ese año se repartirá en los cinco siguientes ejercicios.
Impacto económico
Según las estimaciones de la Comunidad de Madrid tendrá unos efectos positivos en la economía regional. Así, por cada 1.000 millones se generarían casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB autonómico. Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, se estima que cerca de 125 millones de euros.