El estallido de la crisis de la inflación desinfló la curva de la deuda de empresas y familias. La respuesta del Banco Central Europeo (BCE) al incremento de los precios frenó la vorágine de gasto que venía produciéndose impulsado por el final de la pandemia.
El endurecimiento de las condiciones de financiación y el incremento de los costes, recortaron la deuda privada en 8.000 millones de euros entre los meses de junio y septiembre de 2022, según el Banco de España. Se trata de la primera gran caída desde el inicio de la recuperación post-Covid, cuando la deuda inició su escalada.
En concreto, el pasivo de hogares y sociedades no financieras descendió a 1,674 billones de euros en el tercer trimestre de 2022, dejando el dato al mismo nivel que hace un año, pero todavía un 3,9% superior al nivel marcado a finales de 2019. El ajuste fue especialmente significativo en los hogares desde el inicio del verano, periodo en el que euríbor comenzó a dispararse. "Inercias, como las causadas por las subidas de los tipos y el comportamiento del PIB condicionan mucho más las decisiones de empresas y familias que del sector público" afirma Diego Martínez, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Pablo Olavide, que apunta a la caída de la demanda de financiación de los hogares para vivienda, "si los hogares no se embarcan en aventuras inmobiliarias, seguirá la progresión a la baja este 2023", afirma Martínez.
Aun así, el efecto secundario es positivo de cara a posibles tensiones financieras. "La economía española se encuentra en la actualidad menos expuesta a un endurecimiento de las condiciones monetarias que en el anterior ciclo de política monetaria restrictiva, dado que la deuda privada se ha reducido notablemente frente a los niveles existentes en el anterior ciclo", afirma el Gobierno en su informe de situación publicado al cierre del año.
El recorte de la deuda privada contrasta con el vuelo tomado por la pública durante lo últimos meses. Las administraciones iniciaron el año con un pasivo total de 1,427 billones de euros, la cantidad ascendió a 1,505 billones a cierre del pasado noviembre, lo que obliga a Moncloa a seguir ajustando el desequilibrio para cumplir con los criterios acordados con Bruselas. Además, el Ejecutivo inició la legislatura con una deuda pública de 1,230 billones. Desde entonces, la cifra ha sumado otros 275.000 millones, derivados del esfuerzo de gasto que demandó la pandemia.
Su evolución dependerá ahora de la confianza que logre transmitir la economía española. El BCE aprobó en julio el mecanismo de fragmentación que consiguió mitigar la ampliación de las primas de riesgo más expuestas, entre ellas la española. Sin embargo, la próxima primavera los de Lagarde plegarán el paraguas y dejarán a España sola ante la lluvia de los mercados.
Las primeras tomas de contacto han sido positivas. "El pasado miércoles el Tesoro lanzó una señal de solidez y confianza con su primera sindicación de 2023, apoyada por una demanda de más de 86.000 millones de euros", afirman desde el ministerio de Economía. Mantener la confianza no será fácil, y más en unos mercados que se cebaron con la deuda británica el pasado año tras el desbarre de Lizz Truss.
El esfuerzo realizado del Ejecutivo es evidente, pero requerirá de más trabajo. La deuda ha caído más de cuatro puntos en dos años, pero lo ha hecho gracias al fuerte crecimiento del PIB logrado en 2021 y 2022. Este año el avance será mucho menor, del 1,5%, según el Panel de Funcas.
Senda de ajuste fiscal
La clave para sortear el fantasma de una crisis de deuda reside en los planes de ajuste que plantee el Gobierno. En pleno año electoral, los de Sánchez están obligados a acometer mayores recortes de déficit de los inicialmente previsto. "La senda de reducción iniciada no es suficiente", afirma Diego Martínez de Fedea, que recuerda que Moncloa no contará con el viento a favor de la fuerte recuperación de la economía. "Durante los últimos años el PIB ha ido comiendo terreno en ese ratio de deuda, y nos hemos beneficiado, pero ahora con un impulso mucho menor, no será suficiente", añade.
En junio de 2022, con la inflación al 10,2% y con toda la incertidumbre por delante, el BCE anunció la retirada escalonada de los estímulos monetarios que incluían las compras netas de activos. La prima de riesgo española sufrió un susto al dispararse a los 138 puntos básicos.
El pánico duró poco. A los días, la institución monetaria acudió al rescate de los países más expuestos y aprobó el aplaudido mecanismo de antifragmentación que supuso el retorno a las compras de deuda. El sobresalto no pasó de ahí, pero su caducidad se acerca aunque el momento no es el mismo.
España ha conseguido domar el IPC al 5,7% en diciembre, pero no la subyacente, situada en el 7% por el efecto arrastre que dejó la -ya superada- crisis energética. Desde el Consejo General de Economistas advierte de que instituciones e inversores mirarán con lupa la cifra de precios de los alimentos, y el poso estructural que la crisis de la inflación ha dejado a su paso.
"Debemos mirar en el medio y largo plazo, la reglas fiscales europeas parecen sensatas, pero no dejan de tener componente político que generan incertidumbre", afirma Martínez, profesor de la Universidad Pablo Olavide.
Esa línea roja, mucho más flexible, adapta los criterios a la realidad de cada economía comunitaria, "vamos a tener que confiar más que nunca en ellas, porque son las que nos van a salvar de un terremoto", concluye el investigador de Fedea.
