El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto de medidas anticrisis para frenar el avance de la inflación y paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania, aunque también ha aprobado tramitar la norma como proyecto de ley, lo que abre la puerta a introducir cambios vía enmienda.
La convalidación ha salido adelante con la abstención del PP, Vox, ERC y BNG, mientras que Junts y Teruel Existe han votado en contra y el resto de la Cámara Baja se ha posicionado a favor. No obstante, se ha aprobado tramitar la norma como proyecto de ley para permitir posibles enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. La tramitación como proyecto de ley ha sido apoyada por toda la Cámara, a excepción de Teruel Existe, que se ha abstenido.
El decreto ha sido presentado y defendido por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha augurado un "muy buen" 2023 gracias a las medidas emprendidas por el Gobierno, como es el caso del decreto convalidado.
Bolaños ha instado a un gran consenso en torno al decreto "por patriotismo y sentido común", así como para que haya un reparto justo de las cargas para seguir protegiendo a las clases medias del país.
En su intervención, Bolaños ha destacado la "razonablemente positiva" situación económica de España a pesar de la guerra en Ucrania. Además, ha asegurado que mientras dure el conflicto bélico, el Ejecutivo de coalición hará "lo que sea necesario y el tiempo que sea preciso para proteger a las familias y empresas".
Entre las medidas que incluye este decreto se encuentran la eliminación del IVA en alimentos básicos, la rebaja del 10 al 5% en pasta y aceites, la prórroga de varias exenciones fiscales en materia energética y un nuevo cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales.
La simplificación de las renovables, bajo la lupa
A pesar de la convalidación del decreto, este ha causado discrepancias en torno al punto referido a la simplificación y aceleración en los trámites para la implantación de grandes centrales de energías renovables.
De hecho, esto ha provocado el voto negativo del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitate, e incluso las críticas de sectores de Unidas Podemos. El diputado 'morado' y coordinador de Alianza Verde, Juan López de Uralde, ha advertido de que la nueva simplificación administrativa "obstaculizará" el desarrollo de las energías renovables con la eliminación la consideración ambiental para este tipo de energías.
En opinión del diputado, con estos artículos del decreto lo que se hace es permitir que los "malos proyectos", es decir, aquellos que afecten negativamente al medio ambiente, "se cuelen y perjudican a lo que están haciendo las cosas bien".
Asimismo, este aspecto ha originado las críticas del diputado de ERC, Joan Capdevila, quien, no obstante, ha celebrado la ampliación hasta 2.000 metros de las redes de autoconsumo compartido, que supone la victoria de una "batalla, pero no la guerra", ya que el principal objetivo del grupo catalán para por una reforma íntegra de la ley del sector eléctrico.
Entre las críticas también se han encontrado las de Compromís, por considerar insuficientes las ayudas de 950 millones la industria gasintensiva; y las de BNG y Junts, por el crédito extraordinario de 2.000 millones de euros a favor de las liquidaciones del sector eléctrico, que a juicio de sendos partidos es un "oligopolio".
Desde EH Bildu, Oskar Matute ha instado a incluir nuevas medidas en materia de alimentación, en concreto limitar precios de determinados alimentos básicos. A su vez, Idoia Sagastizabal, del PNV, se ha mostrado a favor del decreto, pero ha expresado sus dudas en cuanto a las rebajas del IVA o el cheque de 200 euros, medidas que, en su opinión, "dejan fuera a determinados sectores" y cuyo efecto "va a ser muy limitado".
Convalidado el decreto del sector cultural
Después de esta votación, el Pleno del Congreso también ha convalidado, sin votos en contra, el decreto que establece una nueva prestación por desempleo para los trabajadores del sector cultural y que reordena los incentivos a la contratación laboral, si bien ha acordado también tramitar la norma como proyecto de ley abriendo la puerta a posibles cambios vía enmienda.
La convalidación del decreto ley ha salido adelante con la abstención del PP, Vox y Junts, mientras que su tramitación como proyecto de ley ha sido apoyada por todos los grupos de la Cámara.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de defender esta norma, de la que ha destacado que "garantiza y fortalece la senda de trabajo estable" iniciada por España con la reforma laboral y a la vez "consagra uno de los patrimonios más valiosos" del país: el trabajo de los artistas.
Durante su intervención, Díaz ha repasado las distintos incentivos que incluye el decreto, que, frente al sistema anterior, se configuran ahora como cantidades a tanto alzado en lugar de como porcentajes, al tiempo que ha subrayado que se trata de una norma de carácter estructural y no provisional", que "ha venido para quedarse".
Las bonificaciones eran un "peso muerto"
La vicepresidenta ha argumentado que las bonificaciones a la contratación se habían convertido en un "peso muerto", pues favorecían a las personas que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables, lo cual queda corregido con este nuevo marco de incentivos.
Díaz ha recordado que, con esta nueva norma, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, las empresas que reciban incentivos a la contratación tendrán que mantener el empleo durante tres años. La vicepresidenta también ha resaltado que el nuevo sistema se evaluará de forma permanente, con lo que sólo se mantendrán los que funcionen, y con él se da cumplimiento a una de las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan Nacional de Recuperación.
El diputado del PP Mario Garcés ha señalado que las medidas relacionadas con el sector cultural contempladas en la norma son correctas, pero "insuficientes", y ha calificado de "muy triste" que se haya establecido una bonificación de 366 euros para los contratos temporales que se celebren con jóvenes desempleadas y menores de 30 años para sustituir trabajadoras embarazadas o durante los permisos de maternidad o paternidad, en lugar de mantener la bonificación actual del 100%.
"Es un castigo a la conciliación y un ataque a la igualdad de oportunidades", ha denunciado Garcés, pues la nueva bonificación "sólo cubrirá la mitad" de las aportaciones que la empresa tiene que abonar por la persona trabajadora.
También esto ha sido criticado por el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que ha considerado que con ello no se fomenta la maternidad, sino al contrario. Al mismo tiempo, ha denunciado que en el decreto se mezclen cosas "parcialmente positivas", como las relativas a los artistas, con otras "absolutamente inaceptables".
