El nuevo paquete antiinflación aprobado ayer por el Gobierno ha despertado una serie de críticas en relación a las medidas referentes al alquiler por parte de diferentes asociaciones y empresas relacionadas con el sector. Según informó Pedro Sánchez en rueda de prensa, esta "congelación" del precio de los alquileres se articulará a través de prórrogas. De esta forma, todos los alquileres cuyo contrato termine en los próximos seis meses (antes de julio de 2023) serán prorrogados automáticamente y los caseros no podrán subir el precio.
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) se mostró totalmente en contra de esta prórroga forzosa de contratos de alquiler. Según la asociación, esta medida obligará a extender durante seis meses todos los arrendamientos que expiren entre enero y junio de 2023, y ampliará el límite del 2% a la actualización de las rentas y la prórroga de la paralización de los desahucios, lo que supone un nuevo ataque al Derecho a la Propiedad Privada de más de dos millones de propietarios en España, un derecho recogido en el Artículo 33 de la Constitución Española.
Asval recuerda que el 75% de los propietarios son particulares con viviendas destinadas al alquiler de vivienda de uso habitual, y que también sufren las consecuencias de la inflación.
"La avalancha de medidas intervencionistas en el mercado del alquiler de los últimos meses ha provocado una gran inseguridad jurídica en el sector, haciendo que se reduzca la oferta y suban los precios. El Gobierno continúa adoptando medidas ineficaces, que acaban perjudicando principalmente a las familias vulnerables", explicó María Andreu, directora general de Asval.
Esta medida también recibió críticas por parte de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) quien sostiene que esta medida ampara a inquilinos, que sin estar en situaciones de vulnerabilidad, "ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales", y que en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos.
"Volver a prorrogar por Decreto todos los contratos de alquiler en España durante seis meses más para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida totalmente innecesaria y muy contraproducente para los propietarios de viviendas en alquiler", alertó José Ramón Zurdo, director general de ANA.
"Recordemos que más del 93% de los propietarios son particulares, y el dinero que no van a cobrar, lo necesitan para compensar la inflación, que también les afecta a ellos", señala Zurdo, incidiendo en que se trata de una intervención política para desequilibrar el alquiler.
Por otra parte, el portavoz de la compañía inmobiliaria Idealista explicó que estas medidas, lejos de arreglar la situación, la empeoran gravemente. "No solo desincentivan la aparición de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a más propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas en venta".
Aseguró que "el Gobierno está desmontando el mercado de alquiler que empezó a florecer hace una década" y que mientras desde las administraciones públicas no se trabaje para ofrecer seguridad jurídica e incentivos a los propietarios el problema del alquiler "seguirá aumentando".
