El Gobierno se prepara para anunciar el catálogo de medidas con la que los españoles contarán a partir de 2023 para combatir los efectos de la inflación. Algunas de ellas serán prórrogas de las acciones aprobadas a lo largo de 2022, otras incluirán novedades o modificaciones de las ya conocidas.
Desde que el jefe del Ejecutivo anunciara un paquete de lucha contra el encarecimiento de los alimentos, el hermetismo ha sido absoluto. Pedro Sánchez cuenta con varias alternativas para hacer más accesible la cesta de la compra. Una de ellas, recuperar el cheque de 200 euros que el Gobierno aprobó en verano para autónomos, desempleados y asalariados con rentas inferiores a los 14.000 euros. Hacienda no descarta esta posibilidad, fruto de la negociación que mantienen los socios de coalición. La iniciativa derivaría de la propuesta que la vicepresidenta segunda lanzó hace días. Yolanda Díaz pretendía imponer un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para financiar una ayuda de hasta 500 euros para los hogares vulnerables. El núcleo duro de Sánchez salió en tromba a descartar la tasa. María Jesús Montero, fue la última en rechazar la proposición que Unidas Podemos puso sobre la mesa del PSOE, pero no la ayuda planteada para el consumidor.
Algunas medidas llegan, y otras morirán con el año. Economía ultima poner fin a la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante tal y como la conocemos. El departamento que dirige Calviño tiene previsto redirigir la medida sobre los sectores profesionales más afectados por la subida del petróleo, dejando fuera al resto de consumidores particulares. El cambio no solo tendrá un impacto inmediato sobre el coste público que demanda la disposición, cifrado en 4.531 millones por la AIReF, sino que responderá a las advertencias que los organismos internacionales llevan meses dirigiendo al Gobierno.
Limitar el beneficio de la medida sobre un colectivo concreto ayudará a reequilibrar la demanda y compensar el 'shock' de oferta, recomendó la OCDE hace unos meses.
En los planes de Sánchez se encuentran varias prórrogas. Una de ellas es la rebaja del IVA de la electricidad, el gas y el impuesto especial al mínimo, que seguirán vigentes durante los próximos meses. Tras un tiempo de tregua, la tensión internacional amenaza con seguir estrangulando el flujo de energía, mientras el frío promete una rebaja de las reservas de gas que España mantienen por encima del 90%. "La rebaja del IVA de la luz y del gas, medidas incluidas en el anterior decreto ley, iban dirigidas al conjunto de la ciudadanía. Soy de la opinión también de medidas para la clase media, que es la que con sus impuestos más contribuye a la financiación del estado de bienestar", dijo Montero. El Gobierno estudia además una rebaja de los cargos que soportan pymes y hogares.
Se mantendrán además los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, vigentes desde el pasado mes de septiembre. Su moratoria más allá del próximo 31 de diciembre fue anticipada por la ministra de Hacienda en octubre. La medida tendrá un coste de 700 millones de euros financiados a través de una partida de las cuentas de 2023. En el aire queda la bonificación del 30% de los abonos de transporte de competencia autonómica.
En el apartado de la vivienda. El Gobierno blindará los alquileres también en 2023, extendiendo la prohibición de revalorizar las rentas más allá del 2%. A ello, se suman los efectos del acuerdo que Calviño firmó con la banca en noviembre y que la pasada semana fue convalidado por el Congreso de los Diputados. El trato aliviará la carga hipotecaria que mantienen un millón de clientes.