Valencia
La Comunidad Valenciana ha perdido durante las últimas décadas riqueza y puestos en el ranking de autonomías por renta per cápita en el conjunto de España. Una evolución que tiene como factor fundamental la baja productividad de la economía valenciana según un informe del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie).
Una realidad que tiene sus raíces tanto en su tejido empresarial como en el sector público, donde no sólo apunta a una menor financiación y recursos públicos, sino también a una "gestión pública poco eficiente" frente a otras administraciones.
El informe Situación y retos de la Economía valenciana incluye ese bajo grado de eficiencia como una de las cinco debilidades que explican que la economía valenciana no sólo se sitúe por debajo de la media española, sino que desde la gran crisis de 2007 la brecha se haya agrandado. "La distancia que nos separa de la renta por habitante de España ha aumentado del 10% en 2007 al 12% en 2021 y hemos retrocedido dos posiciones (de la 10 a la 12) en el ranking regional", recoge.
El estudio dirigido por Joaquín Maudos, director adjunto de Investigación del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, basa ese argumento en comparativas como el tiempo necesario para los procesos administrativos en los distintos organismos públicos. Para ello toma como ejemplo la contratación pública, que además supone la fórmula por la que se realiza casi la mitad de los gastos de las arcas autonómicas. "Una parte muy importante del gasto que realiza la Generalitat Valenciana y sus organismos se materializa en compras de bienes y servicios, inversiones y conciertos para la prestación de servicios, ya que representa casi la mitad (en concreto, el 48,6%) del gasto total".
Las diferencias
Un importante volumen de fondos públicos en que la acumulación de retrasos o aplazamientos conlleva costes extras. "Es fundamental que los procesos de contratación de esos bienes y servicios sea eficiente, sin que existan demoras excesivas", apunta el informe. Unos plazos que el estudio compara en el caso valenciano con otras administraciones y llega a la conclusión que prácticamente dobla el tiempo necesario para llevarlos a cabo. "El análisis de los procesos de contratación pública muestra que los que realiza la Generalitat son más lentos que los de otras administraciones públicas, ya que conllevan de media 130 días frente a 72 de la Administración General de Estado".
El análisis del Ivie, a partir de los datos recopilados durante más de dos años, muestra que esos plazos son similares tanto en la Administración valenciana como en la mayoría de su sector público. Sólo las sociedades mercantiles de la Generalitat logran recortar, por un día, los plazos en contratación de la administración estatal.
"Es un indicador que muestra por tanto que hay un amplio margen de maniobra para la mejora y ganancia de eficiencia en la contratación pública", concluye el propio estudio del Ivie, que coincide así en uno de los diagnósticos en que la propia patronal autonómica CEV insiste continuamente: la necesidad de una reforma para hacer más eficiente la Administración y, de paso, agilizar la burocracia pública en la autonomía. Medidas que además contribuirían a reducir el gasto público, frente al continuo aumento de la presión fiscal para hacer frente al continuo incremento de los presupuestos autonómicos.
El análisis del Ivie también apuntar otras debilidades del sector público que explican esa menor eficiencia, fundamentalmente la escasez de recursos humanos y fondos en comparación con otras autonomías. Así, el número de empleados públicos en relación a la población a la que atender es en la Comunidad Valenciana un 6% inferior a la media nacional, siendo la cuarta región con menor ratio.
Además del número, otro problema de la plantilla de la Administración valenciana es su envejecimiento. "El 40% de los empleados de la Generalitat Valenciana tiene más de 54 años y solo el 15% menos de 42 años", lo que además de suponer un problema de relevo también influye en un perfil de gestión "burocrático, orientado a cumplir normas y no a resultados."
El informe también considera que en las administraciones autonómica se echa en falta la existencia de plazas de funcionarios públicos de alto rango y mayor cualificación, equivalentes a los abogados del Estado, economistas del Estado o técnicos comerciales del Estado. Unos profesionales que en la dirección administrativa también contribuirían a la evaluación de las políticas públicas y a la eficiencia del gasto.
El informe del Ivie también considera determinante de la menor productividad la infrafinanciación autonómica, que además de suponer menos recursos obliga a aumentar los destinados a devolver deuda e impide usarlos en políticas de incentivos industriales y de I+D. También destaca un déficit de inversión en infraestructuras frente a otros territorios.
El sector privado
En su análisis, el informe del Ivie también apunta varias razones de la menor productividad de la economía valenciana en el sector privado. Algunas son endémicas, como la especialización tradicional en actividades que generan menos valor y menor productividad. Según el estudio, en sólo 11 de 60 ramas de actividad la Comunidad Valenciana supera la productividad media nacional. La otra es el reducido tamaño medio de las empresas valencianas, especialmente con las regiones que encabezan estos rankings y que además incide en que se invierta menos en intangibles y en I+D+i.
