El Consejo de Comisiones Obreras de Castilla y León ha aprobado una resolución en la que reclama al presidente de la Junta, Alfonso Fernández, Mañueco que "corrija las ilegalidades del Presupuesto General de la Comunidad para 2023" o lo llevará a los tribunales, sin descartar la vía penal.
El máximo órgano de dirección de la organización sindical entre Congresos, en el que participan las nueve provincias y las siete federaciones sectoriales, considera que la representatividad y legitimidad de esta organización sindical se ve "atacada directamente en el proyecto de presupuestos de 2023".
CC.OO. advierte de que "de no corregirse estas materias por la vía de las enmiendas parciales", los presupuestos que se aprueben "pueden tener elementos de ilegalidad y de posible prevaricación por parte del Gobierno de la Junta", por lo que el sindicato "los llevará a los tribunales por las vías que sean oportunas en función de las materias", sin descartar ninguna, "incluida la vía penal y el Tribunal Constitucional".
El Consejo de CCOO ha reclamado al presidente de la Junta y a su Gobierno que "corrija estas ilegalidades y plasme en los presupuestos de 2023 la legalidad vigente en la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en la Ley 8/2008 de creación del Consejo de Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional". Vox recorta a la mitad las subvenciones a patronal y sindicatos
CCOO recuerda que lleva a cabo "una labor en los órganos de participación institucional y en las comisiones de seguimiento de los acuerdos de diálogo social vigentes, así como en cualquier entidad o acto institucional".
Asimismo, ha repasado las acciones que llevan a cabo en las últimas semanas para denunciar las actuaciones "en muchos casos, ilegales" de "la extrema derecha" en el gobierno de Castilla y León, "sobre todo en el ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo; aunque no solo".
Así, la campaña de movilizaciones en contra de las políticas "excluyentes e incumplidoras" comenzó con la asamblea autonómica de delegados y delegadas el pasado mes de octubre, y con movilizaciones el 28 de octubre sobre la eliminación de las políticas públicas de empleo en el Servicio Público de Empleo (Ecyl).
Además, han culminado este 27 de noviembre con manifestaciones en defensa de la democracia, de la legalidad, del estado social y de derecho, con manifestaciones en todas las capitales y en Ponferrada.
El sindicato ha recalcado que seguirán con movilizaciones conjuntas, como la que ya está programada el 23 de diciembre en las Cortes, en torno a la aprobación del presupuesto de 2023.
