El Gobierno acaba de solicitar el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 6.000 millones de euros mientras se atasca en las reformas que le permitirán disponer del cuarto, previsiblemente, el próximo año. Al menos en lo que se refiere al componente 23, que abarca las "nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo".
En un momento en el que España sigue registrando la mayor tasa de paro de la Unión Europea, este compromiso pone el foco en el ministerio de Trabajo y Economía Social, que ultima varias leyes especialmente complejas en este ámbito. Una de las más delicadas, la que regula los incentivos a la contratación ha sufrido un duro revés en su negociación inicial con las comunidades y las organizaciones sociales. Un retraso que complica el calendario pactado con Bruselas.
Hasta ahora, las reformas emprendidas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han cumplido con los estipulado con la Comisión Europea, con el cumplimiento de hitos como la Ley Rider, la regulación del teletrabajo y, sobre todo, la reforma laboral.
La frecuenta agenda europea de la ministra y su buena relación con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha facilitado además la buena recepción de sus leyes y proyectos, en contraste con los desencuentros sufridos por otras áreas del Gobierno como bien lo sabe el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a cuenta de las pensiones.
Pero Trabajo ha entrado ahora en una nueva fase de reformas quizá menos llamativas, pero igual de complejas y relevantes para el futuro del mercado laboral. Sin embargo, los primeros pasos están siendo sorprendentemente accidentados.
Algunos negociadores lo achacan a que Díaz se encuentra inmersa en la constitución de su proyecto político y en otros anuncios estrella, mientras deja las regulaciones consideradas más técnicas en "piloto automático".
Un recorte que castiga la discapacidad
Pero el problema más grave se ha dado con incentivos a la contratación. Una reforma "clave" según el Gobierno ya que las subvenciones y bonificaciones a la contratación, que suponen alrededor del 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo (más de 2.000 millones de euros). Pero según se admitía ante Bruselas, "no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo".
En este sentido, la reforma se encomendaba a un informe de la AiRef para reordenar los incentivos y bonificaciones para crear empleo estable entre los colectivos más vulnerables, especialmente en lo que se refiere a la apuesta por rediseñar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.
Sin embargo, a la hora de la verdad, esto se ha trasladado en un anteproyecto cuya memoria económica recoge un ahorro neto de apenas 264 millones de euros (aproximadamente un 12%) pero que obtiene 225 millones de ellos, es decir, un 84%, de las ayudas a un único colectivo. Que son, precisamente, las personas con discapacidad.
¿Por qué un ajuste tan descompensado? La razón es que la norma busca ante todo erradicar las bonificaciones a los contratos temporales. Pero este objetivo que no tiene en cuenta las particularidades de la empleabilidad de estas personas, que en muchas ocasiones se tiene que hacer a través de centros especiales que también han sido especialmente penalizados por la reforma.
Pero no son los únicos: con este argumento se recortan también otros 49 millones en los contratos de sustitución con jóvenes menores, y otros 20 millones en incentivos al empleo en Ceuta y Melilla.
Aunque también se recortan ayudas al empleo fijo. La partida más llamativa es la de la bonificación por prolongación del periodo de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo y comercio, que ahora pasa a ser solo en febrero, marzo y octubre.
El Gobierno cifra este ajuste en 155 millones de euros. Eso sí: en este caso se produce en un momento en el que el recurso a esta modalidad de contratación se ha disparado exponencialmente por la reforma laboral, lo cual contrarresta el efecto sobre el empleo en estos sectores. una supresión menos justificable es la de la bonificación a la contratación indefinida de un familiar por parte de un trabajador autónomos, que supone 5 millones al año.
Pero, según Trabajo, estos recortes se compensan con inventivos a la contratación indefinida. La contratación con jóvenes sin formación recibirá 72 millones. Por otra parte, los incentivos a la conversión de contratos formativos y de relevo en indefinidos se mantendrán con 17 millones de euros anuales, pese al demoledor informe presentado por el Tribunal de Cuentas que considera que el 81% de su presupuesto es un despilfarro de dinero.
También se añaden ayudas al empleo estable en las ciudades autónomas (aunque 13 millones, siete menos de lo reducido por el lao de los contratos temporales).
Un calendario imposible
Esto supone, en términos acumulados, un ahorro de 463,93 millones, que se matiza con un incremento de gasto de 196,9 millones de euros. En la resta resultante, de 267,03 millones de euros el que el colectivo más perjudicado en términos de menores incentivos sigue siendo la discapacidad.
La reacción de las organizaciones del tercer sector y las comunidades autónomas fue contundente ha sido contundente. De hecho, algunas de estas últimas llegaron a criticar en sus alegaciones la escasa "calidad técnica" del texto y la aparente falta de coordinación con el departamento que dirige José Luis Escrivá para decidir sobre unas políticas que se hace con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Ante estas críticas, avivadas por la denuncia pública incluso de de organizaciones como CERMI, el Gobierno tuvo que rectificar a toda velocidad.
Así, mientras la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, negaba categóricamente que el Gobierno fuera a recorta bonificaciones pese a que el anteproyecto y su memoria económica estaban colgados ya en la web del Ministerio de Trabajo, desde este departamento comunicaban a las organizaciones y las comunidades autónomas la decisión de dar marcha atrás y ofrecer una nueva negociación.
Pero esta negociación se convierte en un problema para el calendario europeo, ya que Trabajo se había comprometido con Bruselas a aprobar esta reforma y ponerla en marcha en 2022. Un escenario imposible, sobre todo si la nueva negociación se salda sin acuerdo y el rechazo social se extiende a la tramitación parlamentaria.
