El enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y sus propios inspectores sigue muy lejos de resolverse. Y los últimos anuncios de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para reforzar sus responsabilidades y su carga de trabajo no han hecho más que añadir leña al fuego.
La situación la describe la presidenta del Sindicato de Inspectores, Ana Ercoreca de la Cruz con una contundente frase: "En casa del herrero cuchillo de palo".
El malestar entre los inspectores por su carga de trabajo no es una novedad: llevan esperando el refuerzo de la estructura y la plantilla desde que en 2015 se aprobó la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Pero la inmensa avalancha de trabajo que han experimentado desde la pandemia, sobre todo tras la reforma laboral ha llevado la tensión a un punto de no retorno. En un principio Díaz, reconoció la necesidad de reforzar la plantilla y en julio de 2021 se comprometió a atender las reclamaciones de los trabajadores.
Pero, según explica Eroreca, ese acuerdo tampoco se está materializando. Y mientras los sindicatos siguen estudiando qué medidas tomar, entre las que no descartan retomar las movilizaciones, el Gobierno no deja de ponerles más deberes.
Las dudas con los despidos colectivos
El último, el anuncio por parte de Díaz de que la Inspección endurecerá su control sobre los despidos colectivos. Las palabras de la vicepresidente segunda, formuladas en un acto electoral, han provocado todo tipo de reacciones y análisis. Sobre todo, porque el cambio es complejo, y el Gobierno no ha concretado cómo lo hará.
El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Eduardo Rojo Torrecilla, recuerda a elEconomista.es que la reforma laboral de 2012 eliminó la autorización administrativa previa de los antiguamente conocidos como Expedientes de Regulación de Empleo y fijó el papel de la Inspección en un reglamento aprobado unos meses después.
"La normativa vigente atribuye a la Inspección una función básicamente de control de las formalidades del despido colectivo, no regula la posibilidad del examen por parte de la del control de las causas alegadas por la parte empresarial para proceder al despido colectivo", incide Rojo.
En este sentido, una cambio que vaya en la línea de atribuir funciones de control sobre la "razonabilidad" de la decisión empresarial de despedir (posible cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), "significaría sin duda potenciar y reforzar el papel de la ITSS". Para lograrlo, bastaría con modificar el reglamento, a través de un simple Real Decreto sin tocar la Ley de reforma laboral.
Ercoreca explica que los sindicatos no tienen noticias sobre este cambio, aunque muestra sus reservas sobre que los inspectores actúen sobre la "razonabilidad" de las causas.
Sobre todo en la línea de forzar "que no se pueda despedir", como lo describió la ministra en sus declaraciones. Además, esto se traduciría en una judicialización adicional de los procesos, con una mayor participación de los inspectores.
No hay igualdad retributiva
Pero para los profesionales esto no supone un problema, si sus condiciones laborales se adaptan al desafío. Algo que no está ocurriendo.
Ercoreca recuerda que en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores y 1.500 centros de trabajo, una cifra por encima de la media europea que da idea de la titánica laboral a que se enfrenta una plantilla de poco más de 2.000 efectivos: 1004 inspectores y 1041 subinspectores.
Así, mientras el Ministerio de Trabajo no deja de presumir los excelentes resultados del trabajo de los inspectores, siguen sin ver satisfechas sus reivindicaciones históricas, como la equiparación con los inspectores de Hacienda. "No se cumple el principio de que a igualdad de trabajo igual retribución", señala Ana Ercoreca.
Además, con unas situaciones que no serían aceptables, con la ley en la mano, en el sector privado, según aseguran los inspectores. Así, por ejemplo, no se compensan las guardias entre semana.
"Si hay que atender una incidencia por la noche, hay que ir allí con nuestro coche, desempeñar nuestro trabajo y al día siguiente, a primera hora, estar en en el puesto como un día más", describe la inspectora.
Ni algoritmos ni plazas
A esto se suma una carencia de medios técnicos que hace bastante difícil de creer las promesas de uso de algoritmos y Big Data para automatizar las sanciones. "Tiene que haber un control humano de esos procesos para garantizar la seguridad jurídica", advierte la presidenta del sindicato profesional.
Tampoco convence el anuncio por parte del Gobierno de que crearán nuevas 600 plazas de inspectores. La razón es la dificultad de las oposiciones. Ercoreca, con amplia experiencia en la preparación de los candidatos, advierte de que a la lógica complejidad de la materia se suma los continuos cambios y vaivenes en la regulación.
En este sentido, si los procedimientos no se revisan para actualizar y acelerar la incorporación de nuevos profesionales, va a ser imposible cubrir esas plazas en los plazos de los que presume el Ministerio. Algo que agrava además el envejecimiento de la plantilla.
