La renuncia de ERC a presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es un cheque en blanco al Gobierno, si no que persigue conseguir concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las que poder reforzar la precaria posición actual de los republicanos gobernando en solitario y en minoría en la Generalitat.
La debilidad de ERC a nivel autonómico se torna en estímulo para hacer valer sus escaños en las Cortes, ya que cualquier triunfo conseguido se lo podrá anotar como mérito propio tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán.
Con todo, ante la imposibilidad de lograr grandes objetivos en apenas dos meses, ya que los PGE se votarán antes de fin de año, ERC está diversificando sus reclamaciones, en temáticas y en origen, ya que no solo emite exigencias como grupo parlamentario estatal, sino desde la Generalitat.
Desde el partido, ya perfilaron el viernes cuáles son sus objetivos para apoyar las Cuentas nacionales: mejoras en "vivienda, cambio de modelo energético, una adecuada financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social".
Otro punto clave tras el persistente bajo nivel de ejecución de las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña, es la fijación de "mecanismos de cumplimiento" de las partidas presupuestadas en la región.
Asimismo, ERC considera "imprescindible que todos los actores contribuyan a generar las condiciones de confianza necesarias para mantener vivas las negociaciones en marcha, con el objetivo de poder llegar a acuerdos", lo que para los republicanos pasa por dejar atrás la "represión" a través de causas judiciales contra líderes y activistas independentistas. Aquí se enmarca la reforma del delito de sedición, si bien el Gobierno lo desvincula de la negociación presupuestaria y apunta que no es una prioridad y que requiere el apoyo de mayorías más amplias en el Congreso.
Traspaso de Rodalies
Más cerca está otra reivindicación histórica, aunque sea parcialmente y seguramente por detrás del País Vasco: el traspaso de Rodalies. A finales de septiembre, el Parlament aprobó instar al Govern a acordar con el Ministerio de Transportes el modelo de traspaso integral de los servicios de Rodalies, Regionales y Avants de Cataluña antes de que termine este año, pero dicha votación contó con el rechazo del PSC.
Los socialistas presentaron su propia propuesta para Rodalies con la abstención de ERC y Junts: acordar con el Gobierno "el modelo de traspaso de los recursos económicos necesarios para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios que sean de competencia de la Generalitat" este 2022, y que ello se apruebe en la próxima Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.
Unos días antes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había reprochado al ahora ex vicepresidente catalán, Jordi Puigneró (Junts), no haber convocado desde marzo el grupo de trabajo entre el Gobierno y la Generalitat para definir una propuesta sobre el traspaso de los recursos económicos. La semana pasada, el Gobierno autorizó por sorpresa la compra de 69 trenes para Rodalies y 32 para media distancia por un importe máximo de 879,3 millones de euros.
La Generalitat apela a las frecuentes incidencias del servicio ferroviario de proximidad para reclamar su gestión, y también las deficiencias de funcionamiento han incitado una nueva reclamación la semana pasada desde el Govern: el traspaso de las competencias de los examinadores del carnet de conducir, ahora dependientes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Actualmente, en Cataluña son casi 150 (131 en plantilla, 10 refuerzos interinos y 6 itinerantes), según datos recopilados por elEconomista.es, pero existe una lista de espera de más de 65.000 personas para poder realizar el examen práctico y obtener el permiso de conducir. La Consejería de Interior reprocha que en 2015 la DGT se comprometió a incrementar las plantillas del personal examinador en toda España para atender la demanda, pero no lo ha cumplido, por lo que insta al traspaso de la gestión o de las competencias con "recursos suficientes".
Mientras tanto, sigue de trasfondo la hoja de ruta de la mesa de diálogo para reclamar un referéndum de independencia acordado con el Estado y la amnistía para los líderes del procés. ERC plantea como primer paso el "pacto de claridad".
Podemos presiona en Cataluña
Mientras ERC es decisiva para que el Gobierno pueda conseguir luz verde a los PGE, en Cataluña son los republicanos los que están a merced del resto de grupos para poder aprobar las cuentas autonómicas del próximo año. En este sentido, el partido catalán pasa de reclamar incumplimientos estatales a ser el responsable de no haber ejecutado todavía pactos regionales.
La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, advirtió la semana pasada a ERC que, si espera su apoyo para 2023, antes debe cumplir los acuerdos del pacto presupuestario de 2022. Hay cinco cuestiones que todavía no se han ejecutado: el dentista público, 80 millones para salud mental, la internalización del 061, un impuesto para alimentos ultraprocesados y otro para industrias contaminantes. De todas formas, hace falta un socio más, y Junts no lo será. El PSC tiende la mano.
