Los salarios pactados en convenio hasta septiembre registraron una subida interanual muy inferior a la inflación (general y subyacente), casi un punto inferior a la subida del 3,5% para los funcionarios pactada para este año por un Gobierno que también ha decidido, en los Presupuestos Generales del Estado, subirse su propio sueldo un 4% para el próximo año.
Se trata del mismo Ejecutivo que se posiciona inequívocamente del lado de los sindicatos apremiando a los empresarios a "desbloquear los convenios" para que los sueldos suban mientras, en paralelo, negocia un pacto de rentas para controlar las subidas salariales y de márgenes empresariales.
Un cúmulo de contradicciones que se hace mucho más patente si tenemos en cuenta que el diseño de la reforma laboral aprobada en los últimos días de 2021 está reforzando la contención de las alzas salariales.
según los análisis del Banco de España, que descartan por ahora los temidos efectos de segunda vuelta que retroalimenten los precios. Aunque el supervisor advierte de que la alta inflación actual aumenta la probabilidad de que se produzcan.
La situación actual es particularmente incierta para la zona euro: las secuelas de la pandemia, la falta de materias primas y la crisis de Ucrania se han combinado para provocar una inflación inédita desde los años ochenta del pasado siglo. En España, un país a priori menos expuesto al conflicto de Ucrania, el IPC general sube un 8,9% y el subyacente un 6,2%.
En este escenario, el Banco Central Europeo trata de afinar al máximo el uso de las herramientas de política monetaria sin garantía de éxito. Simplemente, no existen precedentes para el euro. Y uno de los principales factores de incertidumbre son los salarios.
Por ahora, no parece haber motivos de excesiva preocupación. Los incrementos pactados en convenio en España se sitúan en línea con las de la zona euro, en el nivel del 2,6%. El Banco de España espera una aceleración adicional en 2023, pero en principio sería moderada. Aunque en este escenario repercutirá también las subidas de los salarios mínimos en varios países europeos, empezando por España.
Pero más allá del SMI, un factor al que el Banco de España le presta especial atención es a las cláusulas de garantía salarial. El motivo es que su papel es clave para la elasticidad de la relación entre salarios y precios en un contexto como el actual.
Los sueldos pactados en convenio tienen un comportamiento mucho más rígido que la inflación, ya que suelen ser plurianuales y la duración media ronda los tres años. Esto implica que cualquier subida o revisión se consolida: la inflación puede pasar a terreno negativo de un año para otro, pero los sueldos no van a bajar.
Aunque históricamente esta desviación entre sueldos e IPC no ha sido demasiado elevada, en un contexto de inflación disparada o de crisis económica es especialmente peligrosa. Si los sueldos adaptan a la pérdida de poder adquisitivo de 2022 y esta cae en 2023 y 2024, puede llevar a las empresas a una situación en la que los salarios superan lo que las empresas pueden abonar, sobre todo en un escenario inflacionista. Y ello lleva a recortes de plantilla.
El debate sobre la devaluación salarial
Este escenario, aunque con inflación más moderada, se produjo en la crisis financiera e inspiró la reforma laboral de 2012, que introdujo profundos cambios en la negociación colectiva para "flexibilizarla" y evitar bloqueos de los convenios.
Para ello, entre otras cuestiones, se eliminó la ultraactividad indefinida de los convenios y se reguló la posibilidad de descuelgues y de incorporar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
Aunque para los sindicatos se trató de un intervencionismo en la negociación colectiva que provocó una devaluación salarial agravada con la recuperación económica, algo que se ha visto especialmente en el escenario tras la pandemia.
El Gobierno defendió que la "moderación salarial" no se debió a la reforma laboral sino a los acuerdos de negociación colectiva firmados por sindicatos y patronales para adecuar los sueldos a la situación económica.
Sin embargo, los análisis del Banco de España revelan el alcance de esta reforma en las cláusulas suelo. Según sus datos, la capacidad de respuesta de las cláusulas de garantía salarial a las "sorpresas inflacionistas" se redujo considerablemente tras la reforma de 2012, y siguió reduciéndose hasta 2021, cuando la inflación volvió a repuntar por la crisis de suministros tras la pandemia.
La economista Marta Martínez Matute, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de "aún una evaluación exhaustiva de los efectos de la reforma de 2012". Aunque la moderación salarial que ya venía produciéndose desde 2010 se intensificó desde ese año, advierte de que "sigue faltando mucha información y análisis" sobre si el motivo fueron los cambios legales concretos o hubo otros motivos "más generales".
Una derogación en falso
La reforma laboral de Yolanda Díaz prometía derogar la aprobada una década antes. Y, aunque se entró en los contratos, sí revertió algunos cambios en materia d negociación colectiva: el mayor de ellos, recuperar la ultraactividad. Es decir, la posibilidad de bloquear los convenios.
Pero si en la crisis financiera la ultraactividad provocaba que los salarios subieran por encima de la economía, en el momento actual la situación es a la inversa e impide que los sueldos se adapten a la coyuntura, ya que a la falta de renovar los convenios se mantiene el anterior sine die. Especialmente mientras patronal y sindicatos no alcanzan un acuerdo para actualizar el ANC.
Este efecto de la reforma laboral de 2022 se ve reforzado porque no se han eliminado otras figuras, como los descuelgues. Aunque el volumen de inaplicaciones de convenios es muy reducido.
A este respecto, los expertos laboralistas señalan que es una fórmula muy compleja en la práctica y que exige más justificaciones incluso que un despido colectivo. Otra forma de 'descuelgue', mucho más sencilla, es la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, a la que las empresas en dificultades pueden acogerse para alterar cuestiones de cuantía y retribución salarial.
De hecho se utiliza con frecuencia para suprimir bonus y otros complementos salariales que no están blindados por el convenio.
La mera existencia de ambas herramientas repercute en la negociación de convenio. En este sentido, el tibio repunte de las cláusulas de garantía es un indicador. Aunque afectan a un 73% más de trabajadores que hace un año, este incremento se debe más a la reactivación de la actividad y la negociación colectiva tras la pandemia, que a las virtudes de la nueva norma.
De hecho, el porcentaje de trabajadores cubiertos sobre el total lleva meses estancado en el nivel del 25%, nueve puntos más que antes de la norma, pero muy por debajo de las previsiones del Banco de España de alcanzar un 45%. Y todavía más del 71% de cobertura que acumulaban antes de la reforma de 2012.
Además, cuatro de cada diez están topadas. Esto significa, según las estimaciones de Gómez Acebo & Pombo, solo un 6% de los trabajadores cubiertos por convenios se benefician de una revalorización directa al IPC.
En este contexto, la única opción con la que cuenta el Gobierno para impedir la devaluación salarial es que en el marco del pacto de rentas se renueve el Acuerdo de Negociación Colectiva.
Un escenario complejo en que el las declaraciones políticas y los continuos desencuentros, como las subidas del SMIS y las cotizaciones alejan a los empresarios del consenso que ansía el Ejecutivo para un 2023 en clave electoral.
