Madrid
Bien entrado el verano, en el mes de julio, el Gobierno aprobó el límite de gasto financiero para el ejercicio del 2023. El comúnmente conocido como "techo de gasto" asciende a 198.221 millones de euros y supera un 1% al del 2022, ya que incluye los fondos europeos (25.156 millones de euros) y el incremento del 8% de transferencia a la Seguridad Social, que asciende a los 19.888 millones de euros.
En lo que se refiere a la deuda pública, según los datos macroeconómicos aportados ayer por el Gobierno en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), está previsto que esta continúe en la senda del decrecimiento, hasta situarse a finales de este año en el 115% del Producto Interior Bruto (PIB) y "finalizaremos 2025 con una deuda pública del 109%", aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer en la presentación de los PGE para 2023.
Hay que recordar que las reglas fiscales de la Unión Europea limitan la deuda pública al 60% del PIB, pero Bruselas ha suspendido esta norma hasta principios de 2024 "ante la gran incertidumbre económica y la fuerte desaceleración del crecimiento provocada por la invasión de Rusia a Ucrania". Aún así, y a pesar de las previsiones de reducción de la deuda pública del Gobierno, no llegarían a cumplir el objetivo comunitario del 60% para 2024.
Una situación distinta vive el déficit público. El Gobierno ratificó sus previsiones de finalizar el 2023 reduciéndolo hasta el 3,9% y "llegaremos al 2025 por debajo del 3%", aseguró Calviño. En este sentido, y si las previsiones del Ejecutivo se cumplen, podrían llegar al objetivo de déficit del 3% marcado por la Unión Europea pero no para comienzos del próximo año 2024.
La supresión de las reglas fiscales tienen que ser aprobadas por el Gobierno y tener el visto y place de la Comisión Europea bajo el amparo de los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En este sentido, y como ha pasado con los ejercicios anteriores, el Congreso ratificó que la economía del país está ante "una situación excepcional" que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y deuda, lo que legitima la decisión del Gobierno de saltarse el reglamento fiscal marcado desde Bruselas.
