La idea de que para contrarrestar la rigidez del mercado laboral español había que flexibilizar las condiciones de los trabajadores de mayor antigüedad, la conocida como 'flexiseguridad', fue uno de los planteamientos rectores de las reformas laborales de 2010 y, especialmente 2012, y sus ecos llegan a la de 2022. Más de una década después, los datos revelan el fracaso de este enfoque.
Desde mediados de 2021, la 'Gran Dimisión' se ha convertido en el término de moda en el ámbito laboral en todo el mundo, incluida España. Pese a que, en este tiempo, el número de trabajadores que llevan más de seis años sin cambiar de trabajo no ha dejado de crecer y supera ya los 10,8 millones de ocupados. El 53% del total.
Que los trabajadores españoles apuesten por mantenerse en el mismo empleo el máximo tiempo posible no deja de parecer una obviedad en un mercado laboral determinado por la volatilidad entre personas que empiezan y dejan de trabajar cada trimestre a una tasa muy superior a la de la media europea.
Y va al alza tras la crisis pandémica: de hecho, el número de trabajadores que llevan entre 3 y 5 cinco años en el mismo empleo es el segundo grupo más numeroso y también marca máximos históricos con 3,1 millones de personas, un 15,4% del total del empleo.
Estos datos no solo suman una estadística más a las muchas que ya muestran que en España no se aprecia una 'Gran Dimisión' de trabajadores con contrato fijo que de la noche a la mañana dejan su puesto estable para encontrar uno mejor.
Lo cierto es que la lectura profunda de la serie histórica ilustra el fracaso de uno de los principales argumentos que ha justificado las reformas del mercado laboral durante los últimos tres lustros: la 'flexiseguridad'.
Este término, repetido hasta la saciedad en todos los debates políticos en la década entre 2008 y 2018, resume la tesis en que la principal razón de la vulnerabilidad del empleo en tiempos de crisis, era la rigidez que provocaba un modelo que apostaba por el empleo "para toda la vida" antes que el progreso y la movilidad profesional.
Esta dualidad explicaba la brecha de protección entre trabajadores con contrato indefinido y temporales, no se limitaba a ella.
Un fijo que lleva dos años en el mismo trabajo no tiene la misma protección ante el despido para buscar otras oportunidades que uno que lleva diez años.
Esta dualidad no siempre juega favor de los más veteranos. La incertidumbre del mercado laboral y la falta de expectativas invita a los profesionales a aferrarse al mismo puesto donde, además, generan beneficios por antigüedad.
Pero esto puede lastrar su desarrollo profesional por no actualizar sus competencias al no pensar en buscar otras oportunidades y, lo que es peor, más expuestos al paro de larga duración si finalmente se produce un despido.
La receta 'anticrisis'
Pero en las primeras fases de una crisis, como la que estalló a mediados de 2008, daba la impresión de que estos veteranos estaban prácticamente 'blindados', mientras sus compañeros (temporales o indefinidos) estaban sometidos a una espiral de precariedad y rotación laboral.
¿La razón? Era más barato desprenderse de un trabajador temporal o despedir a los indefinidos que llevaba poco tiempo trabajando.
¿Cuál era la solución? Flexibilizar las condiciones de los trabajadores más antiguos para facilitar la contratación de los nuevos. Esto se tradujo en varios tipos de propuestas, empezando por el contrato único. Las soluciones finalmente adoptadas por los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy no llegaron a tanto, pero tenían algo en común: contemplaban un abaratamiento del despido. La contraparte era que así se facilitaba la contratación de nuevos trabajadores.
La idea era acercar a España a referentes de otros países con un mercado laboral mucho más dinámico. El culmen, en este sentido, es Estados Unidos, donde la mitad de los trabajadores lleva trabajando menos de 4 años en el mismo puesto pero se anota una tasa de paro casi tres veces inferior a la española.
El problema es que este diseño se aprobó en mitad de una crisis financiera que había destruido millones de puestos de trabajo.
El Gobierno argumentaba que estos cambios se verían compensados porque la recuperación aceleraría la contratación y el aumento de las oportunidades, pero con una menor dualidad y rigidez en el empleo. Pero según avanzaba la creación de empleo quedaba más claro que se recuperaban las mismas pautas de dualidad anterior a la reforma.
Algo que se aprecia al comparar la serie histórica referida al primer trimestre de 2008 como punto cero: la única franja de trabajadores que ha recuperado e incluso rebasado los niveles previos a la crisis financiera son los que llevan más de seis años en el mismo puesto.
Sin embargo, aquellos que acumulan entre uno y tres años en el mismo están por debajo de las cotas alcanzadas justo antes de la crisis financiera. Esto implica que el empleo generado en los últimos años ha sido más volátil, lo que ha llevado a que la dualidad entre las plantillas se mantenga.
De hecho, el comportamiento durante la crisis provocada por la pandemia repite, aunque concentrado en un periodo de tiempo mucho más reducido, un patrón similar al de la crisis financiera, con los trabajadores que llevan más de seis años prácticamente sin variación y los que llevan menos de seis meses sujetos a una volatilidad exagerada.
La explicación es sencilla: aunque la reforma de 2012 actuó sobre el coste del despido, no se reformó la contratación para fomentar la indefinida o restringir el abuso de la temporal. Ya fuera por la parálisis política a partir de 2016 o la complejidad de elaborar una nueva reforma laboral, este paso no se dio hasta 2021, con un Gobierno de muy diferente color político.
El 'contrato único' de Díaz
Pero la norma pactada con patronal y sindicatos por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), pese a que sigue bebiendo de las tesis de la flexiseguridad, aunque desde un enfoque diferente al de sus predecesores Celestino Corbacho (PSOE) y Fátima Báñez (PP): no toca ni a la baja ni al alza el coste del despido, pero pone el el foco en reforzar la contratación nominalmente indefinida. Una fórmula que a muchos les recuerda al 'contrato único'.
De hecho, hace unos días, unos de los principales defensores de esta fórmula, el investigador de Fedea Marcel Jansen, ironizaba con las 'excepciones' que contempla la nueva ley laboral para ciertos sectores (incluso con nuevas justificaciones de despido en el caso de la construcción), que no se diferencian demasiado de la propuesta que el propio 'think tank' formuló hace años y que fueron recogidas por formaciones como Ciudadanos. Todo ello con escaso éxito.
En cualquier caso, aunque aún es pronto para ver el impacto, los expertos son escépticos sobre los resultados. En parte se debe porque la volatilidad de los indefinidos se ha disparado, impulsado por los fijos discontinuos, a niveles que recuerdan a los de los contratos temporales. Y de hecho está frenando el incremento de la contratación fija impulsada por la norma.
Por otro, recuerda que la negociación colectiva sigue apostando por premiar la antigüedad, lo que mantiene la dualidad. Y, por supuesto, la economía española no genera un cauce de ofertas laborales que impulsen la movilidad voluntaria de los trabajadores. La coyuntura económica no augura que esto vaya a cambiar en el corto ni medio plazo.
