Economía

La duración de la baja laboral para mujeres con reglas incapacitantes variará según cada caso

  • El coste de la baja será asumido desde el primer día por la Seguridad Social
  • No sale adelante la propuesta para eliminar el IVA a las compresas y tampones
  • El proyecto de reforma de la Ley del Aborto ha sido enviado a las Cortes
La ministra de Igualdad, Irene Montero. Foto: Efe

El derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas está más cerca de ser una realidad. El Consejo de Ministros ha convenido este martes enviar a las Cortes el proyecto de reforma de la Ley del Aborto que, además de blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública, incluye este nuevo derecho así como medidas contra la pobreza menstrual. No se ha incluido en el texto, finalmente, la rebaja total del IVA a productos de higiene femenina.

El bloque principal de la ley permitirá, cuando supere el examen parlamentario, que las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesiten el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en el texto de 2010. Pero la norma busca trascender del aborto.

Regulará el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas o incapacitantes: "Se acabó el ir a trabajar con dolor, es el mensaje que queremos transmitir", ha indicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros.

Montero ha indicado que el 70% de las mujeres de nuestro país cree que los dolores asociados al ciclo menstrual siguen siendo estigmatizados en los entornos laborales: "Creemos que esta ley contribuirá decisivamente a que normalicemos hablar de nuestra menstruación, a que se reconozca como parte a nuestro derecho a la salud y, por tanto, también a que el Estado reconozca para las mujeres los derechos asociados a un derecho fundamental como es el derecho a la salud", ha añadido.

El coste de la medida lo asumirá desde el primer día por la Seguridad Social y no se exigirá un mínimo cotizado para poder acceder al derecho a la incapacidad. Como novedad, frente a los tres días que trascendieron al principio, durará el tiempo que necesite la mujer, eso sí tendrá que aparecer en su historial clínico que padece este problema.

Asimismo, la futura norma apuesta por reconocer el derecho a la incapacidad temporal preparto en la semana 39 del embarazo y también en caso de aborto (voluntario o no).

Compresas y tampones mantienen el IVA

La pobreza menstrual es otro punto clave que se incluye en la Ley del aborto y se traduce en que en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc... se repartirá gratuitamente productos de higiene femenina como tampones, compresas o copas menstruales.

No ha salido adelante, sin embargo, la propuesta de Igualdad de eliminar el IVA a los productos de higiene femenina, actualmente en el 10%. La eterna promesa (de momento incumplida) de aplicarles un impuesto superreducido (4%) como el que otros productos básicos no termina de llegar y esta reforma tampoco acoge la proposición del departamento que encabeza Montero para directamente anular el gravamen para acabar con la pobreza menstrual que sufren muchas mujeres.

Donde sí avanza es en el camino hacia una responsabilidad compartida en cuanto a la anticoncepción mediante el impulso al desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina.

Finalmente, Montero ha indicado que, entre otras violencias que se incluyen en el Convenio de Estambul sobre esta materia, la reforma de la ley incluye la explotación sexual. Sin embargo, preguntada por los periodistas, ha confirmado que no hay cambios en relación a penalizar a las agencias de gestación subrogada, que finalmente no se ha incluido. Aún así, la ministra recuerda que en la tramitación en el Parlamento el contenido de la ley puede cambiar.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para enviarlo primero al Congreso y luego al Senado sin esperar a los informes preceptivos del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no han llegado en plazo. Los planes de Montero siempre han pasado por acelerar lo máximo para dejar la norma aprobada antes de acabar la legislatura.

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