Ni habrá demora ni habrá derogación del Real Decreto Ley que regula el plan de ahorro energético como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Después de una reunión de tres horas con las Comunidades Autónomas, el Gobierno de Pedro Sánchez no piensa retirar ni tan solo modificar su plan, tal y como reclamaron este lunes las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Un plan, cuyas medidas entran en vigor en toda España, a partir de este miércoles, y que de momento, conlleva regular la temperatura del aire acondicionado a 27 grados como mínimo, la calefacción a 19 grados como máximo y, a apagar la iluminación de los edificios públicos y de los escaparates de los establecimientos vacíos, a partir de las 10 de la noche.
Ante esta cerrazón a cambiar una coma o a incluir propuestas autonómicas, Madrid, la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y las más critica de todas ellas, ya ha anunciado, por su parte, que irá hasta el Tribunal Constitucional para que la justicia tumbe aquellos aspectos ligados al comercio que el Real Decreto Ley lesiona en sus competencias autonómicas.
Sin división entre las regiones socialistas, en líneas generales, las cinco comunidades del PP -Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia pidieron la retirada total del decreto -salvo Andalucía que pidió retirada parcial del Capítulo V del título 1-, reuniones con los sectores afectados y, convocatoria de una Conferencia de Presidentes, como el domingo pasado llegó a solicitar, con carácter de urgencia, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, quien por cierto ha dado total libertad a los territorios para que tomen sus decisiones.
"El apagón obligatorio"
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, convocada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en compañía de la ministra de Industria, Reyes Maroto, la consejera de Medio Ambiente de Madrid, Paloma Martín, propuso centrar los esfuerzos en bajar la factura de la luz, "las más cara de la historia" y, en tener un mapa energético más diverso, y no invadir las competencias propias.
El también consejero de Madrid, y responsable de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, señaló estar en contra del "apagón obligatorio a los comercios" que postula el Gobierno de Sánchez, dijo. En su opinión, este decreto habría debido tener en cuenta las consecuencias, la inseguridad que va a traer, el efecto sobre el turismo y, en términos de contracción de la economía, "la reducción y pérdida de empleo sobre un sector, como el comercio minorista, que da empleo 1.800.000 personas".
Reprocha Lasquetty que dicho decreto se haya hecho desde un ministerio, de arriba a abajo, "como si la ministra supiera a qué hora se tiene que apagar la luz de todos los comercios de España". El consejero de Economía y Hacienda también reprobó que Madrid se convierta en la única ciudad de las grandes capitales de Europa que apague las luces de sus escaparates.
El socio catalán, en contra
Y más allá del claro rechazo de las comunidades de gobiernos populares, el Govern catalán también subrayó su desacuerdo con el Real Decreto Ley del 1 de agosto. En concreto, calificó la reunión como "una pérdida de tiempo", ya que no se ha resuelto ninguna de las dudas generadas ni se han tenido en cuenta las críticas ni las opiniones que han surgido.
Más optimista que Cataluña, el Gobierno vasco remarcó su voluntad máxima de cumplir con el ahorro energético, aunque sin dejar de reclamar al Ejecutivo "flexibilidad" y que exista posibilidad de alcanzar medidas consensuadas.
