Economía

IU Aragón presenta 14 enmiendas a la Ley de Economía Social para que tenga dotación presupuestaria estable

  • La futura Ley de Economía Social de Aragón afectará a más de 5.000 organizaciones
  • Piden apostar también por la contratación pública responsable
  • Considera que no todas las entidades deben considerarse por igual
Zaragoza

La formación pretende corregir las carencias de norma presentada por el Gobierno de Aragón con el fin de dar un impulso real a la economía social en la comunidad.

Para IU, el proyecto de ley es "una mera lista de buenas intenciones", ya que no se establecen los mecanismos concretos para cumplir con el objetivo pretendido ni contar con un mínimo presupuesto asignado.

Precisamente la falta de una dotación presupuestaria definida es una de las principales carencias de este marco legal y que desde la formación quieren corregir con el fin de evitar situaciones como la vivida en 2020, cuando Aragón redujo los importes de las ayudas a este sector un 28%.

Las enmiendas presentadas también incluyen modificaciones en la redacción actual de la ley en el punto que equipara a todas las entidades al definirlas con los mismos criterios. Para IU Aragón, "no es lo mismo una fundación ligada a una gran empresa que una cooperativa de enseñanza o una iniciativa social de inserción para personas con discapacidad".

Además, el grupo parlamentario igualmente echa en falta la dotación con medios materiales y personales de las unidades que trabajan y han de impulsar la economía social, así como el desarrollo de la contratación pública responsable y comprometida con los valores que inspira esta norma, cuestiones fundamentales que quiere introducir con sus enmiendas, entre otros puntos.

La formación ha presentado un total de 14 enmiendas, que también incluyen otros aspectos como el reconocimiento para este sector, que pueda formar parte del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) y que la Administración garantice su cumplimiento con una dotación presupuestaria.

Para el Coordinador de IU Aragón y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, "los valores de la Economía Social deben regir el nuevo modelo económico y productivo. IU lleva años tratando de impulsarlo en las acciones de las instituciones públicas y, más que de un sector, habla de un modelo social y solidario".

La formación recuerda que, dentro del acuerdo que IU alcanzó con el PSOE para la investidura de Javier Lambán como presidente, estaba el impulso de la economía social con un plan de empleo en colaboración con las entidades de Economía Social, un plan estratégico del fomento de la Economía social, garantizar su presencia en el CESA y una reserva estratégica en la contratación pública.

La futura Ley de Economía Social de Aragón afectará a más de 5.000 organizaciones (el 5,6% del total de las empresas aragonesas, según el último informe de la cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza) y a cerca de 20.000 personas de manera directa, las cuales generan más de 2.500 millones de euros (el 6,7% del PIB de la región en 2018).

Para Sanz, "nos encontramos con una norma de carácter económico que responde al reconocimiento de un modelo alternativo, que cambia de paradigma con conceptos como la cooperación, igualdad, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, comunidad y la solidaridad frente al único faro que parece guiar las relaciones económicas que es la competitividad".

El proyecto de ley contempla las definiciones necesarias e incorpora la tipología de las entidades de la economía social, crea el catálogo correspondiente y establece un marco de organización del sector y enumera una serie de políticas públicas para la difusión y el impulso.

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