Ada Colau pasó prácticamente de un día para otro de ser una activista antidesahucios a la alcaldesa de Barcelona. De liderar entidades sin ánimo de lucro a dirigir la principal fuente de financiación de estas organizaciones. Y con el cambio, el dinero hacia las asociaciones comenzó a fluir: las subvenciones crecieron por encima del 150% y pasaron a sufragar buena parte de los gastos de personal que tenían. Por ello la investiga el juzgado de instrucción 21 de la capital catalana.
La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) se querelló en enero contra la edil por una presunta gestión irregular de las subvenciones. Según la documentación adjunta en el procedimiento a la que ha tenido acceso elEconomista, el Ayuntamiento entregó más de 2 millones de euros en seis años a cuatro entidades en las que se forjó tanto Colau como el equipo que la acompañó a la alcaldía en 2015.
Las asociaciones beneficiadas fueron el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y la Asociación contra la Pobreza Energética (APE), que vieron cómo se disparaban las cantidades que percibían del consistorio hasta en un 166%
Colau compareció en los juzgados el pasado 4 de marzo para explicar su papel. Se le acusaba de presunta prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Negó ante el juez haber influido en la concesión.
Los argumentos de la dirigente no convencieron a la acusación. En las alegaciones enviadas al magistrado tres semanas después denunció que se había dedicado a desviar el foco de atención de los hechos. Las ayudas públicas van destinadas a sufragar "más del 70% de los gastos de personal de las entidades perceptoras, al mantenimiento de la estructura organizativa de las asociaciones afines con cargo a los fondos públicos", insistió.
En el caso del Observatorio DESC se financia hasta el 80% de los gastos de personal. "No sabemos cómo subsistían estas entidades con anterioridad a 2015", señaló el querellante. Más que financiar proyectos, las subvenciones parecen destinadas a "financiar estructuras", insistió.
La ATCD lamentó además que los más de 2 millones de euros invertidos no han servido para que las entidades "generen, con recursos propios, soluciones para los temas que centran su teórica consideración de servicios esenciales como la vivienda, la pobreza energética o la precariedad laboral".
El cambio de 2016
Los informes adjuntados por los denunciantes en el procedimiento muestran como escalaron las ayudas a las asociaciones. DESC, por ejemplo, pasó de recibir 240.000€ en 2014 -todavía con Xavier Trias en la alcaldía- a obtener 393.309 euros en 2016. El siguiente convenio bianual se firmó en 2018 y le reportó 324.000 euros que se repartió con la PAH, ISF y la APE. En 2019 percibió 129.868 euros por un proyecto sobre vivienda y energía. En 2020, firmó un contrato bianual idéntico al anterior. El año pasado percibió otros 79.879 euros.
Antes de saltar al Ayuntamiento, Colau había sido la responsable del área de vivienda del observatorio. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde hasta 2019 y actual diputado en el Congreso, fue su vicepresidente y Jaume Asens, también diputado, su secretario.
Mientras, Ingeniería Sin Fronteras percibió de manera individual 667.930 euros en los últimos seis años. En la entidad militó Eloi Badia, hoy concejal del Ayuntamiento y expresidente de Barcelona Serveis Municipals.
La ATCD pidió en marzo nuevos informes sobre las subvenciones, pero el juez declinó la petición y la acusó de querer montar "una causa general" contra la edil.
