Desde julio del año pasado, pagar en metálico más de 1.000 euros en una transacción en la que participe un profesional, está penado con multa. Incluso aunque sea para pagar la cuenta de un restaurante, unos zapatos o una reparación en el taller.
Según la Ley 11/2021, que introduce los cambios en la normativa antifraude, la multa por superar este límite de 1.000 de pago en efectivo es del 25% de la cantidad abonada. Además, según explica el Banco de España, los responsables de pagarla serán tanto el que hace la transferencia como el que la recibe, y se repartirán la multa de manera solidaria.
La ley contempla las siguientes reducciones de la pena:
-Rebaja del 65% derivadas de las actas con acuerdo.
-Rebaja del 40% por pronto pago.
-Rebaja del 30% por conformidad.
Además, si uno de los participantes del pago denuncia la operación ante la Agencia Tributaria en los tres meses siguientes, quedaría exento de pagar la multa.
También para pagos entre profesionales
La normativa entró en vigor hace casi un año con el objetivo de reducir el fraude fiscal y no afecta solo a los pagos de un particular a un profesional, sino también a los pagos entre profesionales.
Es decir, si un autónomo no podrá pagar a otro o a una empresa más de 1.000 euros en efectivo a cambio de un servicio o un producto. Este límite también se aplica a las transferencias con cheques al portador, así como otros medios que no identifiquen a las personas que pagan y cobran, ya que se consideran efectivo.
Solo existe una excepción, según la ley antifraude fiscal. Si el pago lo realiza una persona no profesional con domicilio fiscal en el extranjero, el pago en efectivo podrá ser de un máximo de 10.000 euros. Es decir, la ley es más laxa con los turistas que pagan en metálico.
Es importante señalar que el tope establecido por la Agencia Tributaria corresponde al pago de un producto o servicio completo, no por cada transacción, por lo que si dividimos la tarifa en cuatro pagos de 500 euros, estaremos incumpliendo la ley y podrán multarnos.
El Gobierno rebajó hace casi un año el límite anterior de 2.500 euros para evitar casos de fraude en la que profesionales, especialmente autónomos, cobran por un servicio o producto sin emitir facturas.
Sin embargo, el Banco Central Europeo manifestó recientemente que la bajada del tope es desproporcionada, ya que reduce significativamente la capacidad de los profesionales para cobrar por su trabajo y limita la libertad de los consumidores para elegir cómo pagar.