Unidas Podemos ha presentado este miércoles sus enmiendas al proyecto de ley de vivienda en las que propone, entre otras cuestiones, rebajar el cálculo para declarar una zona tensionada, que los gastos de gestión inmobiliaria los asuma el arrendatario o que los grandes tenedores estén obligados a destinar un mínimo del 30% de sus viviendas a alquiler social.
El socio de Gobierno ha registrado en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la ley, que se encuentra en trámite parlamentario [puede consultarse aquí íntegramente] tras pasar el mes pasado su primer examen parlamentario y frenar las enmiendas a la totalidad de PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts.
Las demandas de Unidas Podemos se dirigen sobre todo a endurecer la regulación de alquileres y los límites a los desahucios e introduce sanciones por incumplimientos de la norma. Pilar Garrido, diputada por Guipúzcoa de Unidas Podemos, ha recordado, tras presentar las enmiendas, que "el acceso a una vivienda digna y asequible es una asignatura pendiente en el Estado español". Tras pedir que a ley entre vigor cuanto antes, ha reconocido que "tiene que ser mejorada para ser más eficaz y [...] nuestra obligación es ayudar a mejorar esta proposición de ley".
Bajar el umbral para declarar una zona tensionada y que afecte a todos los propietarios
Para controlar el precio del alquiler, Unidas Podemos insta a rebajar el umbral de incremento de precios contemplado en la regulación del Gobierno para declarar una zona tensionada y poder aplicar el control de precios.
Si el proyecto de ley contempla que zona tensionada será aquella en la que el aumento de los precios sea de 5 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores, Unidas Podemos propone rebajarlo a solo dos puntos por encima del índice de precios al consumo y que afecte a todos los propietarios, no solo a los grandes tenedores.
Alejandra Jacinto, diputada en la Asamblea de Madrid y coportavoz Podemos, ha señalado como "imprescindible que haya una regulación de precios efectiva y eficaz, que empezamos a notar todos y todas como bajan los precios de los alquileres". En ese camino, ha dicho en declaraciones a la salida del Congreso, que "la experiencia catalana en cuanto a la regulación de precios, nos debe dar la guía de cómo deben hacerse la regulación de precios. [...] Vamos a coger ese modelo catalán y lo vamos a implementar a nivel estatal para desarrollarlo".
En cuanto a la vivienda social, el grupo confederal solicita obligar a los grandes tenedores de vivienda (aquellos con diez o más inmuebles urbanos de uso residencial en propiedad o una superficie construida de más de 1.500m2 de la misma naturaleza) a destinar un mínimo del 30% de todas las viviendas que tengan en titularidad a alquiler social, un porcentaje que se vería aumentado en caso de que tenga capital público.
UP ofrece una alternativa a este alquiler social: que los grandes propietarios puedan ceder en favor de las administraciones competentes para su gestión.
En el caso de la Sareb, el 'banco malo', el porcentaje de alquiler social se eleva a un mínimo del 75% de las viviendas que tenga en propiedad.
Alternativa a los desahucios y "acoso inmobiliario"
Peso pesado de las enmiendas son los desahucios. Unidas Podemos busca impedir cualquier demanda de desahucio por parte de grandes tenedores sin que hayan ofrecido a sus inquilinos un alquiler social, en el caso de que se trate de personas o unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión.
Asimismo, también propone impedir los cortes de suministros de agua potable, gas y electricidad cuando la persona afectada sea "susceptible de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social", considerando cualquier interrupción injustificada como "acoso inmobiliario" y, por tanto, objeto de sanción.
En la redacción actual, el acoso inmobiliario se define como "toda acción u omisión con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que le ampara de uso y disfrute de la vivienda".
Los gastos de gestión de las agencias inmobiliarias siempre para el arrendador
En línea con la ley de vivienda paralela que la formación suscribió en pleno tira y afloja con el PSOE durante la negociación de la norma, otra de las enmiendas de Unidas Podemos incluyen la exigencia de que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato estén siempre a cargo del propietario que alquila su vivienda, cuestión sobre la que no se pronuncia el proyecto en trámite.
También exigen limitar el alquiler turístico. La formación pide fijar un máximo del número de plazas de alojamientos turísticos de hasta el 2% del número de habitantes en un distrito o barrio.
Las enmiendas de Unidas Podemos contemplan sanciones a los propietarios que incumplan la norma, eje que de momento no se incluye en el proyecto de ley pero al que ya se abrió el Gobierno. La ley alternativa apuntaba a multas de entre 90.000 y 900.000 euros por pasarse un 10% del máximo establecido.
