La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, confía en que el precio de la vivienda libre mantenga una "desaceleración suave" hasta equipararse con el IPC, si bien ha dicho que será necesario esperar hasta enero para conocer el dato del último trimestre de 2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia.
La ministra ha afirmado que, en paralelo con esta evolución, los ciudadanos tienen cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda antes de dar el salto a la compra, en referencia a la reactivación del mercado del alquiler y las de protección oficial, que ya alcanza el 15% del parque de viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el Ministerio.
Por otro lado, Trujillo ha explicado que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en materia urbanística "ya existió", pues, según ha dicho, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por los 'populares'.
Además, ha señalado que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP "no quisieron consensuar".
Rechaza una reforma constitucional
Asimismo, Trujillo no ha considerado necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y ha afirmado que ésta "se combate con actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella".
En este sentido, ha asegurado que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas encaminadas a luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, por el que las comunidades autónomas están obligadas a informar de los demandantes y adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las transacciones que se realicen, lo que permite un mayor control de este tipo de mercado.
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias.
Más intervención estatal
No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia urbanística, la ministra se ha mostrado partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, por cuanto "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad".
La ministra se ha referido concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, de la que dijo es "una renovación valiente de las barreras del régimen jurídico del suelo" que está justificado por "un mercado no perfectamente competitivo".
Asimismo, ha asegurado que la Ley de Suelo "no invade competencias de las Comunidades autónomas", sino que, por el contrario, podrá "coexistir" con los modelos urbanísticos de diseñados por éstas.
Por otro lado, ha precisado también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada y la libre empresa", aunque ha matizado que "siempre que sirvan al interés general".
Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, también se ha manifestado en la misma línea y ha asegurado que espera que los precios de la vivienda vuelvan a la "normalidad" y que aumenten en torno al IPC porque las últimas subidas de los precios son "difíciles de justificar".
