El 19 de noviembre de 2020, el dueño de uno de los principales periódicos de Londres, el Evening Standard, tomó un escaño en la Cámara de los Lores, en recompensa a su amistad con Boris Johnson y el apoyo político de su medio al actual primer ministro. Hasta ahí, todo normal: por incómodo que suene, los favores a la hora de designar nuevos miembros de la Cámara Alta británica están a la orden del día. La diferencia es que esta persona se llama Evgeny Lébedev, es hijo de un oligarca ruso ex miembro de la KGB (los servicios secretos soviéticos) y el título que se asignó es "Lord de Siberia". En aquel momento, la decisión levantó críticas. Pero en medio de la invasión de Ucrania perpetrada por Rusia, la cercanía del Partido Conservador a los oligarcas rusos está provocando un nuevo escándalo.
Johnson había apostado su supervivencia política a que la crisis en Ucrania sepultara el 'Partygate', el escándalo de las fiestas ilegales celebradas durante el confinamiento en Downing Street. El problema para el líder 'tory' es que las sanciones a los oligarcas rusos han puesto el foco en la enorme cercanía que su partido ha mantenido con los millonarios rusos que se han enriquecido al calor de la dictadura de Vladímir Putin.
En la última década, el Partido Conservador ha registrado con diferencia la mayor cifra de ingresos por donaciones de todo el sistema de partidos británico. Y una gran cantidad ha venido de oligarcas rusos y sus socios. Por ejemplo, Lubov Chernukhin, casado con una exministra de Putin, ha donado dos millones de libras en los últimos 8 años al partido. Mercantile & Maritime, una empresa de energía que tiene proyectos conjuntos con la rusa Rosneft, donó medio millón a las arcas 'tories' durante la última campaña electoral. Alexander Temerko, socio de un millonario petrolero ruso, Viktor Fedotov, ha donado 357.000 libras desde que Johnson está en el poder.
Pero la huella de los oligarcas rusos también se ve en sus compras millonarias en la ciudad conocida como "Londongrado". El mercado inmobiliario londinense ha registrado compras por valor de 1.500 millones de libras a manos de personas relacionadas con Putin y acusadas de corrupción, según los datos de Transparencia Internacional. Y esas cifras no son definitivas: según viene denunciando la revista Private Eye desde hace años, hay una cantidad extraordinaria de empresas pantalla que poseen viviendas en la ciudad, y cuya propiedad real es muy difícil de probar.
Cambio de posición
Por el momento, la prioridad de Johnson es enfriar la crisis de Lébedev y mostrar mano dura contra los oligarcas rusos que se movían sin obstáculos por el país. El magnate ruso ha publicado en su periódico una carta personal pidiendo a Putin poner fin a la guerra, y el Gobierno insiste en que Johnson no se saltó las advertencias de los servicios de inteligencia sobre los riesgos de introducir en la Cámara Alta del Parlamento al hijo de un ex agente de la KGB. Por el momento, no parece que Lébedev vaya a tener que vender su medio.
El que sí ha sufrido más la furia del Gobierno es el dueño del Chelsea, Román Abramóvich, que ha visto sus activos congelados y que ha perdido el control sobre su club de fútbol, que ahora está al borde de la bancarrota.
La promesa de Johnson es aplicar las llamadas "Órdenes de riqueza inexplicada", una orden judicial que permite expropiar los bienes de multimillonarios sospechosos de corrupción cambiando el peso de la prueba: son ellos los que tienen que demostrar que han obtenido su dinero de forma legal, no el Estado el que tiene que demostrar su irregularidad. Este mecanismo, aprobado en 2018, solo se ha utilizado en cuatro casos desde entonces. Pero una aplicación estricta podría resultar en decenas de sancionados, a cambio de 'asustar' a los multimillonarios de todo el mundo que han fijado Londres como base de operaciones.
Aun así, el mayor riesgo para Johnson es dar la impresión de estar arrastrando los pies: las sanciones de la UE y de EEUU fueron más rápidas y extensas que las británicas, lo que ha forzado al Gobierno británico a acelerar el ritmo en los últimos días. Para la oposición, su consuelo es que siguen teniendo un palo con el que seguir golpeando a Johnson a la espera de conocer si Scotland Yard multará a Downing Street por las fiestas ilegales.
