Las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzan ya el 39,3% del salario del trabajador medio español. La suma de estos dos conceptos -lo que se conoce como la cuña fiscal- supera en 4,7 puntos la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 34,6%. De esta forma, el sueldo neto que finalmente recibe el empleado, queda en el 60,7% del coste laboral.
Según los datos de la OCDE, el hecho de que la cuña fiscal en España supere la media de la OCDE se debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país. Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el 29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo que nuestro país es el séptimo de un total de 37 analizados con las cotizaciones sociales a cargo de las empresas más altas.
"Una cuña fiscal más elevada en relación con otros países, como sucede en España, supone un mayor coste laboral para las empresas, lo cual puede tener varias implicaciones negativas para nuestra economía", explican los especialistas del Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su Libro Blanco para la reforma fiscal. "En primer lugar, un mayor coste laboral puede suponer un deterioro de la competitividad de la economía. Y, en segundo lugar, mayores costes laborales pueden incidir negativamente sobre la generación de empleo por parte de nuestro tejido empresarial", añaden.
A la cabeza de la OCDE
La última edición de 2021 del Informe Taxing Wages sobre impuestos a los salarios de la OCDE calcula un indicador de cuña fiscal para comparar los impuestos al trabajo entre diferentes países. El documento posiciona a España en el grupo que países que más paga. Algunos países que presentan unos impuestos más bajos al trabajo que España son Dinamarca (con una cuña fiscal del 35,2%) o Noruega (35,8%).
En España las cotizaciones que paga el empleador suponen el 23% del coste laboral total -frente al 13,3% de media de la OCDE-, las abonadas por el trabajador son el 4,9% -8,3% de media en la OCDE- y el IRPF alcanza el 11,4% -frente al 13,1% de la OCDE-. Es decir, la cuña fiscal incide más en las empresas españolas. Otra forma de interpretar los datos sobre España es la de que los trabajadores nacionales dedican cuatro de cada diez euros de su salario bruto a pagar impuestos. "Estos datos suponen un mayor coste laboral para las empresas españolas, lo que incide negativamente en su competitividad y en la generación de empleo", apunta los especialistas del IEE.
Además, mientras que otros países de la UE afrontan el coste fiscal del Estado entre una población activa que está empleada en un 95%, en nuestro país la población empleada es del 85%, que es la que contribuye, y a la que hay que sumar los contribuyentes que están exentos de tributación por no llegar a los niveles de renta mínimos exigidos para ello.
El nivel de progresividad en España en este tipo de rentas del trabajo es elevado y supera en progresividad del impuesto sobre la renta tanto la media de la UE como la media de la OCDE. El indicador al alcanzar el valor 117,1 frente a 11,4 de media de la OCDE y 100 de la UE. Según estos datos, en España el impuesto sobre la renta es un 17% más progresivo que el promedio de la Unión Europea.
Menos competitividad
Esta situación se traduce en una pérdida de competitividad importante para las empresas patrias que se desarrollan en un mercado global, y donde los desincentivos a la inversión, como pueden ser los obstáculos fiscales, repercuten de forma directa en el crecimiento, desarrollo y nivel de empleo de nuestra economía. La Tax Foundation, un think tank estadounidense especializado en fiscalidad, pone en perspectiva los planes fiscales de unos y otros países de la OCDE mediante la medición de la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios, elaborando el denominado Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas. El ICF 2020 mide hasta qué punto las reglas fiscales de referencia de los distintos países de la OCDE se acercan o no a dos principios centrales para el diseño de un sistema tributario: la competitividad y la neutralidad.
En el año 2021, España se ha situado en la posición 30 del total de los 37 países analizados, cuatro puestos más abajo que la posición 26 que ocupaba en 2020, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, posición que va a peor y seguirá empeorando si se continúa con continuadas subidas de impuestos.
El IEE ha desarrollado a partir del informe de la Tax Foundation, un indicador denominado Indicador de presión fiscal normativa. Indica la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga. En 2021, dicho indicador para España se sitúa en 112,8 puntos, es decir, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, que también estaba por encima de la media.
