Madrid
El Consejo de Ministros cumplió con las previsiones y aprobó una de las medidas en las que el Gobierno ha puesto en marcha una de sus medidas de más alcance para combatir la despoblación. Se trata del anteproyecto de Ley que busca fomentar la "desconcentración" de los organismos públicos de nueva creación para "racionalizar su ubicación física". De este modo las autonomías y los ayuntamientos podrán competir entre sí para acoger a este tipo de instituciones.
Para la elección, las comunidades y las entidades locales se podrán postular y ofrecer cesión de bienes inmuebles, y el Ejecutivo valorará factores como el nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, entre otros
Según informó el Ministerio de Política Territorial, el procedimiento para la determinación de las sedes se desarrollará en un decreto con varios ejes centrales, entre las que destaca que las entidades cuya sede se someterá a este procedimiento son las que integran el sector público institucional estatal de nueva creación.
Para la elección, el Gobierno defiende que se fundará en un "procedimiento abierto, transparente y competitivo" en el que cualquier autonomía o entidad local podrá postular una localidad, ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero.
Eso supondrá, según reivindica el Ejecutivo, que el Estado podrá compartir los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades. Además de los factores del nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, el Ejecutivo también valorará para la elección de estas regiones otros elementos como la conexión con el ámbito de actuación de la entidad o el número de instituciones públicas estatales que ya hay en la comunidad.
Se constituirá una comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como órgano interministerial de la Administración General del Estado, que asistirá al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes donde se ubicarán las entidades del sector público institucional estatal.
Luego el Consejo de Ministros iniciará y finalizará el procedimiento, y el que decidirá que se abra el proceso para determinar la sede de una entidad, adoptando el acuerdo final en torno a la ubicación. La Comisión consultiva informará de la decisión con un dictamen que recogerá las distintas alternativas.