Al Gobierno de Pedro Sánchez le empiezan a salir las cuentas para recibir los apoyos suficientes y lograr con mayoría absoluta convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados el decreto Ley de la Reforma Laboral, una reforma que enviará a Bruselas a cambio de más fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La incorporación en la ecuación política de la llamada 'vía Ciudadanos' -impulsada especialmente por Félix Bolaños-, no solo ha facilitado los votos suficientes -se estima la obtención de 176 síes-. También parece que dejará fuera de juego, en este momento, a los socios habitables con los que el Ejecutivo suele pactar asuntos de carácter laboral -ERC y EH Bildu-.
Pero a los socialistas, esta vez las presiones de los partidos más escorados a la izquierda y al independentismo no les han hecho mella; al menos aparentemente. Ayer, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Héctor Gómez, afirmaba "que se dan las condiciones para aprobar la reforma laboral"; y en esas condiciones no entran ni ERC ni EH Bildu, eso sí, con la incógnita todavía de una posible abstención del Partido Nacionalista Vasco.
En la misma jornada, los últimos en adherirse a esta reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez eran Más País y Compromís. Con sus tres votos a favor, sumados a los de PSOE (120), Unidas Podemos (34), Ciudadanos (9), Nueva Canarias (1), Coalición Canaria (1), Navarra Suma (2), Partido Regionalista Cántabro (1), Teruel Existe (1) y, PDeCAT (49) el Gobierno puede conseguir 176 síes, lo que supone una mayoría aplastante, ya que en esta votación son necesarios más síes que noes.
Aunque a los partidos de la de izquierda que sí apoyarán la reforma laboral no les gusta llevar como compañero a Inés Arrimadas -Más País y Compromís afirmaron ayer que "no es un buen mensaje pactar con Cs"-, lo cierto es que desde las filas naranjas la percepción es que esta variopinta conjunción de votos saldrá adelante.
A cambio de
Molestos con Cs, pero sin bloqueos, Más País y Compromís reconocieron este martes que a cambio de su voto han logrado el compromiso del Ministerio de Trabajo de incorporar en la reforma laboral un acuerdo que contempla un plan de choque de la Inspección de Trabajo contra las jornadas laborales excesivas y el abuso de los contratos a tiempo parcial, un comité de expertos sobre precariedad y salud mental y un acuerdo de la Inspección con el Govern valenciano para actuaciones en materia de igualdad y no discriminación de sexo.
Esa fue una de las críticas que lanzó este martes el presidente de la patronal del empresarios, CEOE, Antonio Garamendi, advirtiendo de las consecuencias de no respetar la literalidad del acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales.
Un guiño a Vitoria
Entretanto, la otra gran incógnita pasa por la intención de voto del PNV -cuenta con seis escaños-. Los jeltzales exigen la prevalencia de los convenios autonómicos. Y, mientras, con mucha presión de los sindicatos vascos, su voto sigue sin esclarecerse; si bien, la semana pasada, el Ejecutivo de coalición hizo un guiño al Gobierno de Vitoria acercándose hasta allí para anunciar la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Una actuación que se resistía desde Madrid, aunque según el titular de la cartera de Seguridad Social, José Luis Escrivá, solo se debía por cuestiones meramente técnicas.
A horas de la votación, y con el no por delante de PP y de Vox, el ala podemita del Gobierno continúa con su idea de negociar con ERC y EH Bildu para que den su visto bueno a la reforma laboral que ha defendido Yolanda Díaz. Ayer, portavoces de la formación morada en el Congreso señalaron que aún ven posible que el decreto de la reforma laboral sea convalidado con los socios de investidura.
