Bruselas
La Comisión Europea no contempla extender más allá de 2022 la pausa del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, que establece los límites de déficit y deuda en los que pueden incurrir los países de la Unión Europea, lo que podría dificultar el acceso de España a su parte del fondo de recuperación ya que una parte de los desembolsos está condicionada a cumplir con la senda de ajuste que marque Bruselas.
Esto no es nuevo. La legislación que establece el conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, vincula el acceso a los fondos al cumplimiento de los objetivos de las normas fiscales y presupuestarias de la UE. "Debe establecerse un mecanismo para garantizar el vínculo entre el Mecanismo y una buena gobernanza económica, que permita a la Comisión presentar una propuesta al Consejo para suspender la totalidad o parte de los compromisos o pagos", reza el texto.
Hasta ahora, y desde 2020, el Pacto ha estado en suspenso después de que la Comisión decidiera activar la cláusula de escape que permite poner en pausa las normas fiscales presupuestarias de la UE, en caso de que un shock económico severo afecte a todo el bloque a la eurozona en su conjunto. El objetivo era permitir a los gobiernos ignorar las restricciones que establece el pacto para poder incrementar el gasto público y mantener a flote una economía lastrada por las restricciones que trataban que frenar el avance del Covid-19. Sin embargo, con la recuperación encauzada, Bruselas cuenta con reintroducir las normas el próximo año.
Un impacto considerable
La legislación contempla que la Comisión pueda proponer suspender total o parcial de los pagos en el marco del fondo, cuando un país no tome las medidas necesarias para corregir la desviación excesiva del déficit. Las normas fiscales de la UE, a día de hoy, establecen un límite de déficit del 3%. Según las previsiones del ejecutivo comunitario, el déficit público español se disparará hasta el 5,2% en 2022. Las normas volverían a entrar en vigor en enero de 2023.
La decisión, eso sí, no es automática. Tiene que tratarse de un incumplimiento "significativo" y reiterado. Es decir, que el gobierno en cuestión ignore las demandas de la Comisión o el plan de ajuste macroeconómico sea insuficiente. Además, son los demás gobiernos de la UE quienes tienen la última palabra. Eso sí, la decisión se ejecuta automáticamente, a menos sea rechazada por una mayoría cualificada. Es decir, al menos veinte países o quienes representen el 65% de la población.
En cualquier caso, la suspensión no podrá exceder en principio el 25% de los fondos, o el 0,25% del PIB nominal. La decisión, apunta la legislación, debe ser proporcionada, respetar el principio de igualdad entre los distintos países y tener en cuenta las circunstancias económicas y sociales del país en cuestión, "en particular el nivel de desempleo y el nivel de pobreza o exclusión social en comparación con la media de la Unión, así como el efecto de la suspensión en la economía".
El pacto de estabilidad
Pero este escenario es una hipótesis. Primero porque aunque la propia Comisión reconoce el "deterioro excepcional de las finanzas públicas españolas" durante la pandemia, también destaca la sólida recuperación de la economía. "Un escenario macroeconómico favorable, en parte debido a la aplicación del Plan de Recuperación, y la acción de los estabilizadores automáticos ayudarán a la relación entre la deuda y el PIB disminuya hasta y seguir mejorando el saldo de las administraciones públicas", aseguró Bruselas en sus previsiones de invierno.
Y segundo, porque no está claro cuáles serán las normas de aplicación en 2023. El ejecutivo comunitario cuenta con presentar la próxima primavera una guía que permita a los gobiernos preparar sus presupuestos anuales de cara al año que viene, teniendo en cuenta las diferencias entre países y el estado de la economía. Mientras, los gobiernos discuten si y cómo reformar el Pacto que muchos consideran obsoleto, incluidos los objetivos de déficit y deuda, que podrían cambiar.
