El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que entró en vigor el 1 de enero en sustitución del nunca estrenado al factor de sostenibilidad (FS) es "insuficiente" y un lastre para los jóvenes en opinión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en su boletín de enero carga contra la medida aprobada en el marco de la primera pata de la reforma de las pensiones que sacó adelante el Gobierno a finales de 2021.
El desechado factor de sostenibilidad habría ligado la cuantía inicial de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida en la edad legal de jubilación de 2023 en adelante pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones escogió una vía distinta para mitigar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el exceso de gasto previsto que supondrá la jubilación de la generación del baby boom: subir las cotizaciones 0,6 puntos entre 2023 y 2032 es la llave en la que el Gobierno confía para volver a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y poder utilizarlo de 2033 en adelante para ayudar a financiar el gasto en pensiones contributivas.
Aquí radica una de las principales diferencias con el factor de sostenibilidad que lleva a Fedea a dudar de la utilidad del mecanismo porque eleva la carga fiscal sobre los activos en lugar de reducirla como habría ocurrido con el FS mediante un mayor control del gasto.
Según Fedea, la introducción del MEI "resulta claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema, no contribuye precisamente a mejorar su equidad intergeneracional y presenta serios problemas de diseño que parecen ser fruto de una redacción apresurada y poco meditada".
Los grandes afectados serán los jóvenes. El análisis que firman Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez, cuestiona la nueva normativa porque "tiende a perjudicar a las cohortes más jóvenes, que son precisamente las que merecerían un respiro dado que su menguante tamaño en relación con el stock de jubilados exigirá un aumento significativo de su carga fiscal". Y además tendrán que cargar con un mayor esfuerzo de cotización, subrayan.
Otra batalla perdida por el MEI frente al FS, según la fundación, hace referencia a la igualdad: el factor de sostenibilidad "trataba de mejorar la equidad entre generaciones ajustando las trasferencias para que todas ellas disfrutasen en el futuro, otras cosas iguales, de rentas de jubilación similares sobre el ciclo vital completo. El MEI, sin embargo, no parece tener objetivos de igualdad", sino de mero solucionador de los problemas de insuficiencia financiera del sistema de pensiones, subrayan.
Escenario improbable
Además, desde Fedea recuerdan que "no está claro que el sistema de pensiones no vaya a presentar déficit durante el período 2023-32, con lo que el fondo de reserva podría verse anulado, parcial o totalmente, por una acumulación de deuda que lo dejaría prácticamente sin sentido". Este escenario es más que probable para la fundación porque "salvo que se continúe ampliando la lista de gastos supuestamente impropios cuya financiación asume el Estado, todo apunta a que la Seguridad Social se mantendrá en números rojos de aquí al 2032, incluso en ausencia de shocks cíclicos o de otro tipo, una eventualidad en absoluto descartable". Para los analistas, el trasvase de los gastos "supuestamente impropios" de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado no hace más que cambiar el agujero de sitio".
En 2019, antes de la pandemia y sin el trasvase de su déficit, la Seguridad Social presentaba un déficit de unos 16.600 millones (1,3% de PIB). Las previsiones, que recupera Fedea, apuntan a que la supresión del factor de sostenibilidad y la vuelta a la indexación al IPC añadirán al gasto en pensiones 3,5 puntos de PIB en 2050, según las estimaciones del Ministerio de Economía para el Ageing Report de 2021, mientras que según la AIReF (2020) hay lugar para más optimismo, con una previsión de aumento del gasto en 2050 de 3,2 puntos de PIB (2,3 debido a la supresión del IRP y 0,9 a la del FS). "Las previsiones existentes sitúan el coste del núcleo de la contrarreforma de pensiones en curso, medido en términos de gasto adicional en 2050, entre los 3,2 y los 4,7 puntos de PIB".
En el caso concreto de la subida de las cotizaciones sociales, para Fedea esta generará "previsiblemente unos ingresos anuales en torno al 0,20% del PIB, lo que supondría unos 2.200 millones de euros en 2020, una cuantía muy inferior a la que sería necesaria para restaurar la sostenibilidad del sistema".
"La medida se queda corta", incide la publicación, que establece que "frente a las 4 ó 5 décimas de PIB de ahorro anual que el FS generaría en promedio hasta 2050, el MEI sólo aportaría con certidumbre 2 décimas durante 10 años a través de su primer componente" (subida de las cotizaciones). El resto, matizan, podría provenir de un tercer componente que exigiría un acuerdo con los agentes sociales para sacar adelante otras soluciones, como" nuevas subidas de cotizaciones u otros aumentos de ingresos como recortes de gasto, con un tope de ocho décimas de punto de PIB al año, por encima del cual habría que recurrir presumiblemente a la emisión de deuda".
En esta misma línea expresó sus dudas a mediados de diciembre el Instituto Santalucía en un estudio sobre los efectos del MEI en el que advertía que el mecanismo ejercerá una mayor tensión sobre la sostenibilidad del sistema porque a partir de 2057 se generará un menor ahorro acumulado que el que habría resultado de aplicar el factor de sostenibilidad y que seguirá aumentando hasta representar en 2067, último año del periodo que cubrirá el nuevo sistema, un déficit acumulado de 7,75 puntos de PIB de ese año, en torno a los 86.000 millones de euros.
