Economía

Los últimos escollos de la reforma laboral

  • El Gobierno quiere aprobarla en el Consejo de Ministros del próximo martes
Sesión de la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo

Ayer se volvió a reunir la mesa encargada de buscar un acuerdo para reformar el actual marco judicial de las relaciones laborales en una maratoniana recta final de las negociaciones. Trabajan contrarreloj, pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue empeñada en cumplir el compromiso de aprobarla antes de que finalice el año que adquirió ante Bruselas –aunque la Comisión Europea no lo exige– y el resto del gabinete del Gobierno. Eso supondría tener un texto para ser sometido al Consejo de Ministros del martes 28, aunque siempre queda un extraordinario el mismo 31 de diciembre.

Fuentes de la negociación apuntan buena sintonía, aunque Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha reiterado que no dirá sí a un texto que no le convenza, por mucha presión que se aplique a la mesa en estos últimos días.

Y es que este martes todavía quedaban cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores por negociar, más varias disposiciones así como otras dos leyes también de índole laboral. El resto queda a instancias de retoques de redacción.

Han quedado para el final de la negociación los artículos 15, 16, 42, y 84 del Estatuto

Pero son cuatro artículos de mucha enjundia. Entre ellos el 15 relativo a la temporalidad. No obstante, fuentes de la negociación apuntan a este diario que el artículo estaba prácticamente cerrado desde el pasado fin de semana.

No así el artículo 16 que regula el contrato fijo-discontinuo que el Gobierno pretende potenciar como alternativa a la temporalidad. Este contrato ha adquirido gran relevancia, pues se pretende un uso generalizado por parte de las ETT para que los trabajadores cedidos a empresas terceras sean contratados como fijos discontinuos.

Esta pretensión ha abierto –en medio de la negociación de la reforma laboral– la apertura de una nueva negociación para abordar cambios más amplios de la ley de Empresas de Trabajo Temporal (14/1994) como se ha solicitado desde Asempleo, la patronal de estas empresas y que el propio Gobierno confirmó en un documento del pasado 13 de diciembre al que tuvo acceso elEconomista.

El tema tiene enjundia, pues las ETT podrían asumir contratos fijo-discontinuos si se modifican algunas cosas, como qué convenio se ha de aplicar a los trabajadores cedidos –el del sector de la empresa cliente o uno propio para las ETT, pues no pueden estar cambiando las condiciones de sus empleados–, el desempleo, la formación de estos empleados y algo especialmente conflictivo: la prioridad de la llamada de estos trabajadores y el despido en caso de renuncia.

Subcontratas y convenios

El artículo 42, el de subcontratas de obras y servicios, queda también pendiente. Este sector está en el punto de mira del Gobierno al entender que están haciendo un uso abusivo del contrato de obra y servicio que desaparecerá con la reforma laboral. Desde el Ministerio de Trabajo acusa a las subcontratas de rebajar los salarios y otras condiciones laborales, pues a diferencia de las ETT, no deben someter a los trabajadores (que no son cedidos, sino puestos a disposición para realizar una obra específica y no generalista) a las mismas condiciones salariales y laborales que las ETT con los empleados que ceden.

De aquí que la gran pelea en este artículo sea precisamente qué convenio colectivo amparará a los trabajadores de las subcontratas y, por tanto, los niveles salariales mínimos que deberán recibir.

En consonancia, también queda para lo último la negociación del artículo 84 (concurrencia de convenios) que pretende que el convenio de empresa pierda prevalencia sobre el convenio sectorial en materia salarial y de horario. Un principio ligado a las subcontratas que han solido usar este tipo de convenio de empresa para establecer salarios menores que los sectoriales para ser competitivos.

Fuera del Estatuto de los Trabajadores, también está a falta de revisión la anteriormente citada ley de ETT y la ley 32/2006 reguladora de las subcontratas en el sector de la construcción. Estas empresas cuentan con una modalidad contractual, el fijo de construcción, que fue pactado en su día con los sindicatos , pero que el Gobierno quiere modificar.

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