Madrid. 
El PP acusa al PSOE de cuestionar la propia existencia de los organismos supervisores y reguladores independientes, como la AIReF, la CNMV o la CNMC, y ve amenazada su continuidad tras la propuesta inicial de la principal formación del Gobierno para el informe de la Comisión del Congreso para la "auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y la imparcialidad e independencia de las autoridades reguladoras".
Concretamente, el informe que emana de la subcomisión en la que se trata esta materia, y que se articuló para resolver cómo dotar de mayor independencia a estos organismos a tenor de los acuerdos del Gobierno de coalición, en su segundo punto desliza un mayor control por parte del Ejecutivo de manera eventual. "La creación de administraciones independientes debe estar materialmente limitada a aquellos ámbitos en los que efectivamente sea posible tomar decisiones con base en criterios exclusivamente técnicos", apunta el texto del pacto alcanzado entre PSOE y Más Madrid, al cual ha tenido acceso elEconomista.
El texto, además, apunta que el Ejecutivo se ve mermado en sus competencias por la publicación de informes y recomendaciones de estas agencias y entidades, por lo que aboga por dotar al Ejecutivo de poderes para poder disolver estas administraciones independientes. "De lo contrario, se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad de origen o de ejercicio con que cuenta el Gobierno", advierte el texto de la subcomisión.
Ante este situación, se señala que "el ejercicio de su independencia no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo".
Por ello, fuentes parlamentarias populares señalan que se detecta "una deriva totalitaria muy potente" e incluso creen que "niega la base de legitimación democrática" de estos organismos. "Si el Gobierno tiene capacidad de extinguir organismos, cuya legitimidad deriva de las Cortes Generales, nos quedaríamos sin división de poderes", subrayan estas mismas fuentes.
Declaración de intenciones
La propuesta base está pactada por el PSOE y Más País-Equo -no Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición- y sobre ella empezarán a trabajar los grupos a partir de este miércoles, con las enmiendas que también han registrado los grupos que integran esta Comisión. Tras recibir a 21 comparecientes, los trabajos se dividen ahora en dos líneas: la primera para reforzar la imparcialidad y autonomía de las autoridades independientes, y segunda para la protección de los denunciantes de corrupción.
El texto sobre la imparcialidad e independencia de las autoridades centra su análisis en siete órganos: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
"Su continuidad (de estos organismos) no puede ser ajena al poder ejecutivo"
De él se deja fuera, entre otros, al Banco de España, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que la propuesta base no identifica como autoridades independientes.
En el PP reseñan cómo el informe contempla que "su continuidad (de estos organismos) no puede ser ajena al poder ejecutivo, que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo".
