Madrid 
Exprimir hasta la última gota del néctar de la solidaridad emanada de la sociedad civil para sus inter pares forja el espíritu de ANDAS (Asociación Nacional de Alimentos Solidarios). Durante un lustro, han batallado con el fin de que el IVA de la donación de alimentos redundase, precisamente, en una mayor cantidad de comida destinada a achicar la crudeza de quienes padecen la hoguera del frío. No ha podido ser. El Gobierno de España ha resuelto vetar la enmienda 3821 a las Presupuestos Generales de 2022. En la 'Gran Recogida' de 2020, fecha en que estalló la pandemia por coronavirus, se cosecharon, según la ONG Banco de Alimentos, 31 millones de euros, de los que solicitan el importe equivalente al IVA estatal (1.082.000), toda vez que las arcas públicas, tal como señala a este medio Santiago López, presidente de ANDAS, se quedan las deducciones en el IRPF; "pues los donantes no ejercemos ese derecho". A continuación, exponemos el motivo que el Ministerio de Hacienda ha explicado a elEconomista.es para argumentar su posición.
"Esto no ha sido un jarro de agua fría, sino un diluvio", lamenta un aún yerto Santiago López, en declaraciones a este periódico, que ya les avanzaba hace tiempo la pretensión de ANDAS, entidad que él mismo preside. "Se han recolectado 31 millones de euros para alimentos, cifra que supone una ayuda directa a Asuntos Sociales del Gobierno de España que, con sus recursos limitados, no puede llegar a todos los sitios y es muy considerable para socorrer en las 'colas del hambre'" enfatiza. No en vano, conviene orear el grano del bálago. Y es que de la cantidad reunida en 2020, 2.163.000 euros no son para alimentos, sino para pagar el IVA, que se estima en un tipo medio del 7,5%.
Además, desde ANDAS realzan que las deducciones en el IRPF no son reclamadas por los donantes "por un gesto más de solidaridad o porque no hay ese hábito". Si, por el contrario, decidiesen exigirlas, el erario diría adiós a un mínimo del 35% de lo donado, esto es, a un guarismo superior a 10 millones de euros; de acuerdo con la cifra de lo sumado; a la sazón cinco veces mayor que los 2.163.000 euros.
Y eso precisamente les provoca sonora contrariedad: "Prescindimos de esa devolución y tan sólo pedimos que algo más de dos millones sigan yendo para ayudar a la gente perjudicada y vetan la enmienda. Pero nos duele mucho que ni siquiera hayan permitido que se debatiese y votase en la Comisión de Hacienda del Congreso; teníamos fundadas esperanzas tras tanto trabajo estos años y tantos filtros para llegar al Parlamento, pero ni eso. En change.org alcanzamos casi las 200.000 firmas". El Gobierno cuenta con la potestad de tumbar enmiendas parciales. En consecuencia, se evapora la posibilidad de conocer el discurso y posicionamiento del resto de partidos.
¿Qué esgrime el Ejecutivo?
elEconomista.es ha querido saber de primera mano por qué el Gobierno de coalición ha desestimado esta enmienda. Así las cosas, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública aclaran que "el motivo es que supone una alteración de los gastos de los PGE. En concreto, la enmienda 3821 propone una transferencia a las CCAA, lo que supone una alteración, en este caso al alza, de los gastos de los Presupuestos". Acto seguido, pedimos una valoración al presidente de ANDAS y se muestra tajante al respecto: "La rechazan con un argumento tan escueto como pobre: el aumento de gasto. Es que esto ha de ser independiente de lo que el Gobierno ejecute dentro de sus funciones para atender a la sociedad. Es un dinero de ciudadanos para otros en peor situación. En definitiva, dos millones nuevamente para Asuntos Sociales. Una sinrazón su postura".
¿Esperanza en las CCAA?
No obstante, y aunque califiquen de "muy complicado" que el Ejecutivo dé marcha atrás, se sugiere cierto halo de optimismo tras el veto. Tal como indicábamos unas líneas más arriba, la mitad del IVA es gestionado y administrado por cada región. Este otro 50% está siendo pedido por ANDAS "autonomía por autonomía". Por el momento el balance es positivo en Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Baleares, Región de Murcia y Asturias, territorios de distinto color político. "Dependiendo el caso, algunas nos ayudan vía enmienda, haciendo provisiones en los Presupuestos o por PNL", expone Santiago López quien, a la par, concluye apelando a la oriflama de la sensibilización cívica para "continuar insistiendo entre todos y todas con más energía, si cabe, y que ello redunde en tapar carencias de la sociedad".
Santiago López, presidente de ANDAS, en el centro; en una reunión con Grupos Parlamentarios en el Congreso. Imagen: cedida
