Madrid. 
El avance de la inflación está haciendo mella en los consumidores por el traslado de los precios a los bienes y servicios, aunque este encarecimiento también lo acusan ya las empresas. Sin ir más lejos, el entorno inflacionista está provocando que las obras públicas se hayan encarecido media en el último año y medio un 22,2%. Más allá, esta tendencia podría agravarse con el IPC en niveles históricos (5,6% en noviembre) y dificultar la situación tanto de empresas contratantes de los servicios, como por parte de las compañías prestatarias.
Es por esta coyuntura de precios que el PP ha introducido una PNL en el Congreso de los Diputados para flexibilizar las condiciones de estas contrataciones de cara a poder introducir modificaciones en situaciones excepcionales.
"No se entiende la pasividad del Gobierno de España, que debería haber actuado ya porque el número de empresas que están viéndose incursas en incumplimientos de plazos contractuales va en exponencial aumento, teniendo en cuenta que no pueden acometer las obras contratadas por la carestía no prevista de los materiales y que, o tendrán problemas de importantes pérdidas, o que se verán abocadas a abandonar las obras sin completarse, con el consiguiente perjuicio no sólo para las mismas, sino para el interés público", explica el grupo parlamentario popular en la exposición de motivos.
En los dos primeros trimestres del año, la revalorización del índice general de precios delas materias primas ha superado el 20%, en gran medida gracias al avance de los precios de la energía (44,5%), seguidos por la menor, aunque no por ello menos importante, escalada de los bienes agrícolas (20,5%) y de los metales industriales (17,6%).
"Más allá del impacto directo de las materias primas en las cestas de precios al consumo, también es importante evaluar los posibles efectos indirectos. Por ejemplo, el petróleo no solo encarece el precio de la gasolina que pagan directamente los consumidores, sino que también eleva los costes de producción de las empresas, algo que termina repercutiendo sobre los precios finales de los bienes y servicios producidos", apuntan los expertos de CaixaBank Research.
Excesiva rigidez
En este sentido, apuntan desde el PP la necesidad de flexibilizar las opciones de modificar los contratos para responder a situaciones cambiantes sobre los costes que asumen las compañías. Se reclama por lo tanto la modificación de la actual Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que tasa de manera muy rígida las posibilidades en las que es posible una modificación de los contratos, tanto por precio, como por plazo, y establece que son los órganos de contratación los que tienen la potestad de incluir mecanismos de revisión de precios en los pliegos de condiciones.
Por otro lado, el PP pide la revisión de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía, que introduce que las cláusulas de revisión de precios en los pliegos de obras públicas es potestad de los órganos de contratación, dándose la situación de que una inmensa mayoría de los contratos de obra pública en vigor (y los que se están licitando en la actualidad) no contemplan esas posibilidades, al no ser recogidos en los pliegos de contratación, convirtiéndose en contratos "leoninos" para empresas que presentaron sus ofertas en unas condiciones de mercado de aprovisionamiento de materiales, radicalmente distintas.
Esta ley, además, prevé la posibilidad de ligar -para los casos excepcionales en los que la revisión de valores monetarios sea indispensable- la actualización de precios y rentas a la evolución de los costes pertinentes en cada situación, estableciendo que las empresas contratistas podrían tener acceso a la revisión de precios de los materiales cuando el contrato se encuentre con un nivel de ejecución superior al 20% y hubiesen transcurrido dos años desde la formalización del mismo.
Un supuesto éste, que con la actual coyuntura de precios desbocados, seria conveniente revisar y ampliar -de forma, al menos coyuntural o extraordinaria- teniendo en cuenta que la gran mayoría de obras públicas tienen plazos de ejecución inferiores, y que éstas son además, las que suelen ocupar la cartera de obra de las pymes. Por tanto no susceptibles de acogerse a este supuesto de excepcionalidad.
Se propone así, tramitar una modificación legislativa de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía, con el fin de flexibilizar las condiciones previstas para la modificación de los contratos públicos de obra -en precio y en plazo-, y ampliar las situaciones de excepcionalidad en las que es posible la revisión de precios, conforme a un entorno de presión extraordinaria de costes, por un momento coyuntural extraordinario.
