Cuando la empresa decide despedir a un trabajador, este tiene derecho a recurrir la decisión y especialmente cuando cree que dicho despido no tiene base legal. En esos casos, y siempre que un Juzgado de lo Social lo decrete, será víctima de un despido improcedente, por lo que resulta muy útil conocer los derechos que ostenta en esas situaciones.
De acuerdo con la guía laboral del Ministerio de Trabajo, un despido improcedente tendrá lugar "cuando no quede acreditado el incumplimiento que se alega para el despido o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales establecidas", además de darse en aquellos despidos por causas objetivas cuando no se puedan acreditar esas causas.
Para que un despido sea improcedente debe ser el Juzgado de lo Social el que lo declare como tal. Antes de llegar a ese punto, el proceso pasa por una serie de fases que comienzan en el momento en el que se comunica al trabajador el despido. Desde ahí, dicho trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para recurrirlo presentando un escrito de mediación al órgano correspondiente de cada comunidad autónoma.
Si no hay acuerdo en el acto de conciliación o la empresa no se presenta, es cuando el trabajador ha de presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social en un plazo de 15 días desde el acta de la conciliación y respetando el máximo de 20 días hábiles desde el despido (se suspende el tiempo cuando se llega a la conciliación).
Si el Juzgado de lo Social determina que el despido fue improcedente, el trabajador tendrá derecho a la readmisión en su puesto de trabajo o a percibir las indemnizaciones correspondientes a ese tipo de despido. La decisión depende de la empresa salvo que se trate de un representante legal o delegado sindical, ya que en esos casos la opción de optar por la readmisión le corresponde a él.
En el caso de que la empresa opte por readmitir al trabajador, además de proceder a ello tendrá que abonarle los salarios no pagados durante el pleito, los llamados salarios de tramitación.
Así son las indemnizaciones de un despido improcedente
Si, por el contrario, se opta por el pago de indemnizaciones, hay que acudir (como siempre) al Estatuto de los Trabajadores, que contempla cuáles son esas cantidad que hay que abonar de forma obligatoria. Eso sí, tal y como se recoge en la disposición transitoria undécima del texto, las indemnizaciones dependen del momento en el que se firmó el contrato y de la fecha en la que se prestó el servicio.
Esto se debe a la reforma laboral de 2012, que abarató el despido y redujo las indemnizaciones por despido improcedente, aunque su vigencia solo se aplicó a contratos firmados a partir del momento de la entrada en vigor de la citada reforma, quedando también englobados los servicios prestados desde esa fecha en contratos firmados anteriormente.
Así, para los servicios prestados a partir del 12 de febrero de 2012 la indemnización por despido improcedente será de 33 días por año trabajado (prorrateándose los periodos de duración menor) con un máximo de 24 mensualidades, mientras que para los servicios prestados antes de ese 12 de febrero la indemnización será de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.
Sea como fuere, la indemnización no podrá superar un total de 720 días de salario salvo en un caso: esos contratos de antes del 12 de febrero de 2012 en los que la cantidad sea superior, aunque con el límite de 42 mensualidades.
