La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron a finales de la semana pasada un proyecto de ley que evitará el cierre del gobierno hasta el próximo 18 de febrero. Sin embargo, la agenda económica del presidente, Joe Biden, que incluye un paquete de gasto adicional por valor de 1,85 billones de dólares, se mantiene en un purgatorio legislativo ante las rencillas generadas entre los senadores demócratas. Al mismo tiempo, otros retos inmediatos, como el impacto de la variante ómicron o la necesidad de elevar el techo de la deuda, continuarán retrasando su ambicioso plan de inversión social y medioambiental del mandatario.
Esta semana, la atención volverá a centrarse en el límite de la deuda. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha fijado la fecha del próximo 15 de diciembre, como jornada límite antes de que el país pueda incurrir en un potencial impago. Actualmente, las conversaciones entre el líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y su homólogo de la minoría republicana, Mitch McConnell, sugieren un potencial acercamiento.
Un posible plan para vincular la suspensión del límite de la deuda al proyecto de ley de gastos de defensa, que se considera "imprescindible" y que suele contar con el apoyo de los dos partidos, se postula como una posible vía para evitar el aumento del límite de endeudamiento a través del proceso de reconciliación.
Desacuerdos demócratas
Paralelamente, el paquete de casi 2 billones de dólares de gasto adicional de Biden, ya aprobado en la Cámara de Representantes, todavía debe superar el escrutinio del Senado, donde los demócratas no pueden permitirse perder ni un solo voto de su bancada. Entre los puntos de fricción destacan, entre otros, la forma de gestionar la deducibilidad de los impuestos estatales y locales así como la inclusión de la cobertura de la visión y los servicios dentales. Pero la lista es larga.
La falta de consenso, abanderada por los senadores demócratas Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona) hace pensar que la aprobación de un pilar crucial del plan económico del presidente de EEUU podría retrasarse a principios de 2022. De hecho, desde Citi, sus economistas reconocen que la probabilidad de que el proyecto de ley no se apruebe en absoluto ha aumentado hasta un 40%.
Todo ello en un momento en que la economía de EEUU despidió el tercer trimestre creciendo un 2,1% (interanual). Este debilitamiento reflejó una ralentización del gasto de los consumidores, ya que el repunte de los casos de Covid-19 ante el azote de la variante delta hizo que los estadounidenses se volvieran más cautelosos y que las cadenas de suministro sufrieran múltiples percances, dificultando el acceso a múltiples productos. Algo que a su vez ha contribuido a un estallido de la inflación hasta niveles no vistos en más de tres décadas.
Este panorama ha servido munición política a los republicanos, que perfilan públicamente a los demócratas y a Biden como el partido de la "estanflación", en un intento por rememorar el escenario de lento crecimiento económico y precios disparados que condenó la presidencia de Jimmy Carter en 1980.
La semana pasada, el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado, fue notablemente más agresivo. Powell admitió que "el aumento de los precios se ha extendido mucho más en los últimos meses" y, como resultado, "el riesgo de una mayor inflación ha aumentado". En un cambio de guión, el máximo funcionario del banco central estadounidense cree ahora que ha llegado el momento de "retirar" la caracterización previa de la Fed de que la inflación es en gran medida "transitoria" y de considerar la posibilidad de poner fin a su reducción en las compras de activos antes de lo previsto.
Es cierto que desde la última reunión de política monetaria de la Fed, la inflación subyacente ha aumentado más de lo previsto. Pero también los precios al contado del crudo y del gas natural han caído un 25%, justo coincidiendo con la aparición de ómicron, la nueva variante del coronavirus potencialmente más transmisible. Dicho esto, el aumento de los precios registrado en los últimos meses ha provocado un incremento de los precios de la gasolina y ha hecho mella en la confianza de los consumidores. Prueba de ello queda patente en los niveles de aprobación de Biden, actualmente en el 42%, lo más bajos desde que ocupase su cargo según la última encuesta realizada por NPR/Marist. De todas formas, la situación es compleja. En lo que va de año, el crecimiento mensual del empleo ha sido de una media de 555.000 puestos de trabajo. Las nóminas no agrícolas han aumentado en 18,5 millones desde abril de 2020, pero todavía se necesitarían crear 3,9 millones más para alcanzar su nivel anterior a la pandemia.
A la espera de conocer el impacto que ómicron pueda tener en la actividad económica, las estimaciones para el cuarto trimestre son todavía halagüeñas. Morgan Stanley elevaba recientemente su proyección de crecimiento para los tres últimos meses del año a una tasa anualizada del 8,7%, desde el 3%, citando la fuerte demanda de los consumidores y al descenso de las solicitudes de subsidio de desempleo. Goldman Sachs observa un crecimiento del 6% y JPMorgan ha aumentado su proyección del 5% al 7%. La Fed de Atlanta, cuyo modelo GDPNow incorpora la mayoría de los datos económicos en tiempo real, prevé un aumento del 9,7%.
Sin embargo, este impulso corre ahora el riesgo de desinflarse. Biden desveló el pasado jueves sus planes para hacer frente a ómicron, que ya cuenta con múltiples caso en el país. Su Administración es consciente de que cualquier confinamiento o pánico en la confianza podría pesar duramente en las perspectivas económicas. Es por ello que el inquilino de la Casa Blanca optó por un plan para garantizar que la economía se mantenga abierta. El demócrata anunció un plan para ampliar la vacunación así como las dosis de refuerzo. También aumentará el uso de pruebas gratuitas e implementará un protocolo más estricto para los viajeros aéreos procedentes del extranjero, que deben presentar una prueba negativa realizada 24 horas antes de entrar en el país. Cualquier desatino en la gestión de los próximos meses podría pasar una dura factura en las urnas.
Es importante tener en cuenta que falta menos de un año para las elecciones legislativas de 2022 y la batalla por el control del Senado ya ha comenzado. Cabe recordar que los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes, la Casa Blanca y la Cámara Alta durante las elecciones de 2020. Sin embargo, tradicionalmente, las legislativas no suelen soplar a favor del partido en el poder y los republicanos buscan recuperar su mayoría el próximo año.
En la próxima cita electoral del próximo 8 de noviembre de 2022 están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 escaños en el Senado, lo que ofrece a ambos partidos la oportunidad de obtener ganancias en una Cámara Alta actualmente dividida por igual entre 50 republicanos y 50 demócratas. De ahí la dificultad de Biden para lograr aprobar parte de su agenda económica, que depende completamente del respaldo de todos los senadores de su partido.
