La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró este jueves que el real decreto ley que regulará el teletrabajo de los funcionarios públicos estará listo para ser implantado a partir de enero y, por tanto, podrán teletrabajar tres días a la semana, tal y como se comprometió el ministerio el pasado mes de octubre.
Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para informar por primera vez desde que asumió la cartera de Función Pública sobre las líneas generales de su política de actuación en este ámbito.
Montero se refirió a la cuestión del teletrabajo al destacar la "apuesta" de su departamento por la flexibilidad y la conciliación en la Administración y señalar que el real decreto que regulará el teletrabajo en la Administración estará listo para implantarlo a partir de enero de 2022.
La nueva norma tendrá como objetivo ser compatible la garantía de prestación de los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral, con la conciliación y la apuesta por el territorio interior. La ministra ha recordado que con esta medida se quiere "incentivar que empleados públicos elijan como lugar de residencia territorios en riesgo de despoblación".
Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) volvieron al trabajo presencial el pasado 1 de octubre y los días con posibilidad de teletrabajar se redujeron de tres a uno hasta que el Gobierno aprobara un Real Decreto que contemplara el acuerdo alcanzado en abril con los sindicatos. "Se va a cumplir", insistían desde Hacienda.
En ese acuerdo, se planteó un modelo híbrido de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días a la semana). "De esta manera se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático, que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado", defendían los sindicatos.
El teletrabajo será voluntario y reversible
Según el texto firmado hace unos meses, el teletrabajo en la AGE tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. No obstante, se podrá autorizar de forma "forzosa" en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.
La jornada de teletrabajo será la que corresponda a cada empleado público de acuerdo con el calendario laboral y las instrucciones de jornada y horarios, y se podrá prever la existencia de un horario fijo de disponibilidad y localización dentro de la jornada laboral, así como mecanismos de control para su cumplimiento, como el fichaje, y seguimiento de la gestión y trabajos encomendados en los objetivos previamente fijados.
Esta modalidad no será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, ni a jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Estos colectivos se regirán, en su caso, por su normativa específica en materia de teletrabajo.
Además, por primera vez en la historia de la AGE, se establecerá un sistema de acceso al teletrabajo mediante convocatorias públicas al menos una vez al año. También se podrá acceder a esta modalidad mediante sistemas de gestión permanente de solicitudes.
