La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha fijado acabar con la excesiva temporalidad en la Administración Pública antes del 1 de junio de 2022. Para llevar a cabo su hoja de ruta ha avanzado que aprobará ofertas extraordinarias de empleo y ofertas ordinarias.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados como responsable de la cartera de Función Publica, Montero ha explicado que actualmente la temporalidad en el conjunto de administraciones públicas es del 30% y ha recordado que el objetivo del Gobierno es reducirla hasta el 8%. "No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal", ha recalcado.
Montero se ha referido al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. Sobre este, el Gobierno cerró un acuerdo con ERC y PNV la semana pasada para que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto (previamente se fijó en 10) consigan una plaza fija sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Dos misiones: eliminar la tasa de reposición y rejuvenecer las plantillas
Montero ha anticipado que la entrada en vigor del Real Decreto de interinos llevará a una "eliminación de facto" de la tasa de reposición. Según ha explicado, la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.
La ministra también ha apuntado la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas, ya que el 66% de los empleados de la AGE tienen más de 50 años, lo que supone que en nueve años casi el 57% de la plantilla estará jubilada. "Necesitamos rejuvenecer las plantillas públicas, y para ello tenemos que conseguir que trabajar para la Administración Pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Necesitamos captar talento", ha explicado Montero.
